La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Fomento, ha entregado en la provincia de Ciudad Real más de 100 viviendas públicas desde que empezó la legislatura, en el año 2019. Una cifra que irá aumentando en los próximo meses, ya que, según los datos aportados por la delegación provincial de Fomento,   la provincia tiene 37 viviendas vacías, que están dentro de los contratos licitados en 2021, pendientes de reparación, por lo que «se adjudicarán en el momento en el que finalice su reparación», como así declaró a este medio el delegado de Fomento en la provincia, Casto Sánchez. «Estamos terminando su adecuación a la situación que exige la normativa en relación al estado y las características en las que se debe dar una vivienda», argumentó.  

 De las más de 100 viviendas públicas entregadas en estos casi cuatro años, un total de 85 correspondían al parque propio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el resto, a la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman),   adscrita a la Consejería de Fomento. Más de 100 viviendas distribuidas en 21 municipios como Valdepeñas, donde a lo largo de este mandato se han entregado 19, además de otras localidades como Puertollano o Almadén, con 16 y 14 viviendas entregadas, respectivamente. Completan el listado las localidades de Alcázar de San Juan, Agudo, Aldea del Rey, Almodóvar del Campo, Almuradiel, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Ciudad Real, Fuente el Fresno, La Solana, Manzanares, Pedro Muñoz, Retuerta del Bullaque, Santa Cruz de Mudela, Socuéllamos, Tomelloso, Viso del Marqués y Almagro.    

En este sentido, el delegado provincial de Fomento recordó que «el orden de adjudicación de una vivienda disponible es por fecha de inscripción en el registro, donde a 31 de diciembre de 2021 en la provincia había 4.585 demandantes. Una cifra, aclaró, que no significa que haya más de 4.500 personas sin vivienda, ya que «muchos de los demandantes están de alquiler y quieren optar a tener la posibilidad de acceder a la compra». Inscribirse en el registro de vivienda es «un requisito legal imprescindible», señaló.

Las familias más vulnerables, continuó diciendo, tendrán prioridad a la hora de acceder a una vivienda pública, aunque también tendrán preferencia «las familias de desahucios hipotecarios y los casos de violencia de género». «Cuando el demandante de vivienda pertenece a alguno de estos tres grupos, la adjudicación es prioritaria». El año pasado, y según datos  aportados por la Delegación provincial de Fomento, 21 familias fueron beneficiadas de una vivienda pública por su situación de vulnerabilidad, otra por desahucio hipotecario y otra por violencia de género. «El esfuerzo que se hace desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es muy importante para poder ayudar a todas estas familias», señaló al tiempo que lamentó que «el número de viviendas que se pueden adjudicar al año es relativamente bajo en comparación con el número de demandantes». En concreto, la provincia cuenta con 6.858 viviendas de promoción pública.