Revalorizar las pensiones y que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Ese es el objetivo del Gobierno, que negocia con los agentes sociales una fórmula que contemple un aumento de estos subsidios vinculados al IPC, pero con la posibilidad de que ese ajuste contemple posibles subidas por encima de la inflación. Todo ello lo explicará hoy el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su comparecerá en el Congreso, donde aclarará sus propuestas relativas a la reforma del sistema público de pensiones.

El socialista puntualizó ayer que el Ejecutivo quiere ligar la subida de las pensiones al IPC, pero teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo puede haber situaciones de caídas de precios o de proyecciones de inflación fallidas.

«Lo que hará la formula es asegurar que a lo largo del tiempo el poder adquisitivo se mantiene y se va ajustando», añadió, sin desvelar los años que contemplará ese período de tiempo o el mecanismo de ajuste.

No obstante, garantizó que la fórmula que se aprobará mediante una Ley siempre mantendrá el poder adquisitivo a los pensionistas.

«Los pensionistas tienen que entender que esta incertidumbre de que la revalorización dependa de cada Gobierno ya no será así. La ley de Seguridad Social garantizará el poder adquisitivo a lo largo del tiempo», insistió.

Escrivá avanzó que muy pronto el Consejo de Ministros aprobará un primer paquete de medidas sobre pensiones, vinculadas a la revalorización, a las prejubilaciones y demoras en las jubilaciones, y a la reducción de la brecha de género en pensiones.

En este sentido, añadió que el Ministerio trabaja para corregir y ajustar la caída de cotizaciones que tienen las mujeres tras el nacimiento del primer hijo.

También explicó que el Gobierno estudia con los agentes sociales -por bloques y con un calendario- las diferentes recomendaciones que han sido aprobadas por mayoría en el Pacto de Toledo, con el fin de modernizar el sistema de pensiones, y entre estas medidas señaló también el destope y una subida de las cotizaciones a rentas de más de 40.000 euros.

Sobre la ampliación del período de años necesarios para calcular la pensión, el ministro negó que ello pudiera suponer un recorte en la prestación, y justificó que habría que tener en cuenta otros elementos como la posible recuperación de lagunas de cotización perdidas o la elección de los mejores años cotizados.

«Que el efecto de ampliar el cálculo pueda tener un recorte de las pensiones, no es verdad... según como se haga», subrayó.

Preguntado sobre la necesidad de subir anualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Escrivá se mostró partidario de «en vez de hacer subidas pequeñas, revaluar en un momento determinado movimientos, con una subida mayor que marquen mejor una política redistributiva de la renta». 

Derogación

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja exigió la derogación de la reforma de pensiones realizada en 2013 por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy para recuperar la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real y eliminar el factor de sostenibilidad, a través de una proposición no de ley.

En la iniciativa, el PSOE argumenta que «el actual índice de revalorización no goza del suficiente consenso político y social», recuerda «la fuerte contestación política y social» de esta reforma y aluden a la recomendación del renovado Pacto de Toledo relativa al «mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones».

Por su parte, Cs reclamó que la utilización de fondos europeos tenga como objetivo la puesta en marcha de reformas estructurales en ámbitos como el del sistema público de pensiones, el mercado de trabajo, los impuestos, el sistema educativo y el recorte de gasto público.