Primero fue la ronda sur, un proyecto de 4 millones de euros para el que se incluyó la cláusula de revisión de precios; ayer fue el turno del proyecto de mejora de la calle Virgen de los Santos, en el barrio del Pilar, y mañana pueden ser otros proyectos los que se repasarán o incorporarán la mencionada cláusula. «Esa es la idea» del Consistorio para adecuar los contratos de obra a las nuevas circunstancias que atraviesa el sector de la construcción, marcadas por el encarecimiento de los materiales. Así lo indicó a este diario el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, quien explicó que ayer en la Junta de Gobierno Local se había aprobado la incorporación de la mencionada cláusula al nuevo proyecto del barrio del Pilar y recordó que entre los que están en redacción se encuentra el proyecto para la rehabilitación de la antigua Casa de Cultura del Prado, que también podría experimentar dicha revisión conforme a lo aprobado en el Real Decreto del Gobierno central.

En cuanto al porcentaje al alza que se podría aplicar a los contratos, Clavero señaló que el Ayuntamiento se remite al texto del Real Decreto y comentó que «los porcentajes sobre el total de la obra dependen del tipo de materiales y de su número de unidades, así como de los precios finales. Con lo cual, dudo mucho que alguien pueda calcularlos a priori».

En cualquier caso, se trata de una verificación que realiza el Ayuntamiento para evitar que haya obras que se queden desiertas, tal y como ha sucedido con proyectos importantes promovidos por la Junta de Comunidades, como la rehabilitación del antiguo hospital del Carmen, para convertirlo en la futura Ciudad Administrativa, o la creación del Centro Regional de Folclore en el antiguo edificio de la Ferroviaria, cuya empresa adjudicataria renunció por la imposibilidad de cubrir los costes.

En el caso de obras promovidas por el Ayuntamiento no se ha declarado ninguna desierta, aunque ayer mismo, por ejemplo, fueron dos propuestas a la Junta de Gobierno para dejar sin efectos las adjudicaciones: se trata de la reparación del suelo del patio del Museo López Villaseñor y la de sustitución de la cubierta del centro vecinal Fuensanta.

Empresas constructoras

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC), Manuel Carmona, apuntó a la obligatoriedad que tienen, a su juicio, las entidades locales de revisar  esos contratos a tenor de lo contemplado en el Real Decreto y en la modificación del mismo que se hizo después, así como su aprobación por parte de la Junta de Comunidades y que hizo extensible a las entidades locales de su ámbito territorial.

En este sentido, indicó que no sólo es de aplicación «a los contratos en ejecución, como había sido publicado en un primer momento», sino también a «todas las obras que estuvieran licitadas, adjudicadas o formalizadas en fecha 2 de marzo, así como todas cuyo anuncio de formalización o adjudicación se publique hasta 2 de marzo de 2023, que tienen derecho a esta revisión de precios».

No obstante, Carmona reconoció las «dudas» y las diferencias de interpretación que están surgiendo a raíz de esta nueva normativa y comentó que desde la asociación están llevando a cabo reuniones con las administraciones y suministrando información y organizando jornadas para sus empresas asociadas, de forma que conozcan el alcance del decreto de revisión de precios.

En cualquier caso, para la APEC, esta 'revaluación', «sin duda, significa un respiro en la escalada de precios de los materiales, que estaba rompiendo y alterando el equilibrio económico de los contratos, pues suponía que las empresas estaban ejecutando a pérdidas los contratos adjudicados. Buena muestra de ello es que las licitaciones quedan desiertas o se producen renuncias de las empresas a las obras que se le adjudican, por el perjuicio económico que conlleva el que los presupuestos no se ajusten a la realidad de precios de mercado en este momento».

Por ello, considera que se debe «actuar de manera imperiosa en dos líneas: primero, en revisar los presupuestos que estén por salir y adaptarlos a la realidad del mercado, y segundo, reexaminar los precios de las obras que se estén ejecutando», concluyó.