El PP exige "test masivos" a los temporeros

J.A.J
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La senadora del PP Pilar Alía reclama al Gobierno regional que efectúe pruebas de coronavirus a los operarios de las recolecciones agrícolas para prevenir rebrotes en este ámbito y proteger al sector agrario, uno de los que resisten la crisis actual.

El PP exige "test masivos" a los temporeros

Así lo manifestaba este viernes Alía en el transcurso de una rueda de prensa que ofreció en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha.

La senadora recordó que si la caída del PIB en la región, un 15 por ciento en el segundo trimestre del año, ha sido menor que en el conjunto de España, ha sido gracias al peso del sector agroalimentario. Por ello, vio justificado que se extremen las medidas de seguridad sanitaria en torno a los temporeros para que recogidas de fruto como la vendimia puedan llevarse a cabo con normalidad.

 

Mantener los Erte en hostelería hasta marzo de 2021.

Alía también ha recordado la apurada situación que pasa el sector servicios, sobre todo la hostelería y el turismo, a raíz de la pandemia. Por ello, ha pedido que se mantengan los Erte por Covid hasta el menos fin de año y, en el caso de la hostelería, hasta marzo del año que viene.

 

Insisten en dar la batalla al acuerdo de financiación local.

En la polémica generada por el acuerdo de la FEMP, la senadora del PP Pilar Alía insistió en que su partido dará la batalla en contra.
Alía recordó que su partido presentará mociones en ayuntamientos y diputaciones para rechazar este arreglo a la financiación local, al entenderlo como una expropiación de los superávits y remanentes municipales por parte del Gobierno de España.
La senadora reclamó a García-Page, como presidente de la Junta y líder regional del PSOE, que respalde la aprobación de mociones en las entidades locales de la región para expresar el rechazo a esta componenda con la financiación municipal.
Alía sumó la entrega de los remanentes a otras deudas que achacó al Estado respecto a Castilla-La Mancha. Rememoró el impago a la región de 135 millones de euros procedentes de la liquidación del IVA de 2017 y 120 millones de euros no abonados correspondientes a las políticas activas de empleo.
«Hablamos de un dinero de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, un dinero muy necesario en la situación actual», remarcó la senadora ‘popular’.