El Ministerio Fiscal considera probado que el hombre juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Ciudad Real agredió sexualmente a la hija menor de su entonces pareja sentimental en reiteradas ocasiones. Por este grave delito, entiende que procede imponer al acusado una condena de once años de cárcel, que la letrada de la acusación particular eleva a doce.

El abogado Juan Aparicio, que defiende al procesado, discrepa al entender que no han quedado acreditados los hechos denunciados, es decir, que su cliente abusara de la menor entre 2016 y 2017 en la vivienda familiar del municipio donde residían, al sureste de la provincia de Ciudad Real. Por ello, el letrado mantuvo la petición de absolución para su cliente J.U.T., nacido en Bolivia hace 48 años.

En la tercera y última sesión del juicio seguido en la Audiencia Provincial de Ciudad Real testificaron la médico, psicóloga y el trabajador social de la Unidad de Valoración de Abusos Sexuales Infantiles (UVASI) del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan y el psicólogo y la trabajadora social del DIAM (Dispositivo Itinerante del Menor y la Familia). El informe de estos profesionales ha sido determinante para el Ministerio Fiscal ejercido por el jefe de la Fiscalía de Ciudad Real, Luis Huete. A su juicio, «la credibilidad de la víctima está avalada por los informes psicológicos» y considera que los hechos se han probado.

Al tratarse de una menor (tenía ocho años) y haberse producido los hechos con penetración, proviniendo además de la pareja sentimental de la madre y habiendo sido reiteradas las ocasiones en que se produjeron, la pena mínima a imponer es de 11 años de prisión y es lo que ha pedido el fiscal jefe tras argumentar su alegato final en el acto del juicio que quedó visto para sentencia ayer.

La letrada Carmen Delgado, que ejerce la acusación particular en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al tener la tutela de la menor, también entiende que ha quedado demostrado el delito de agresión sexual con penetración y eleva la petición de pena a 12 años de cárcel por la «gravedad» del hecho.

El abogado Juan Aparicio defendió hasta el final a su cliente «convencido» de su inocencia. Desde su óptica se ha desvirtuado la presunción de inocencia del acusado. La menor «ha incurrido en contradicciones» y tras la denuncia «llegó a decir en más de una ocasión que no era verdad», remarcó el letrado.

La denuncia la interpuso una educadora del centro de acogida donde estaba la menor después de que la hermana mayor lo pusiera en su conocimiento. Según el letrado de la defensa, los celos pueden estar detrás de la denuncia. El abogado manifestó a este diario que no ve tan clarificador el informe de los psicólogos y trabajadores sociales como el fiscal y la acusación particular. Además, «me sorprende el argumento de que el hecho de que la menor no tuviera signos ni secuelas de una agresión sexual no quiera decir que no haya sucedido», dijo el letrado en alusión a los informes de los peritos. También puso el acento en la relación afectiva que tenía el acusado con la niña, similar a la de un padre y su hija. Los trabajadores del centro de acogida «han dicho que ella le quería como a un padre, que le mandaba recuerdos y besos a través de su madre. Luego en el juicio ha dicho otra cosa», añadió el abogado.

Llanto amargo. El procesado hizo uso del derecho a decir la última palabra en el juicio para reiterar que es inocente, que quería a la menor como a su propia hija y que jamás abusó de ella, rompiendo a llorar amarga y desconsoladamente. Tras la denuncia le quitaron a sus hijos, incluidos los que tenía con su mujer, hermana de la madre de la menor, con quien también tuvo otros vástagos. La Junta de Castilla-La Mancha tiene la tutela de los cinco hijos de la madre de la menor que denunció la agresión.