Un extra de seguridad en los salones de juego

H. L. Muñoz
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Las salas de juego se adaptan a la norma con acceso por huella o reconocimiento facial para garantizar la edad y que los jugadores no estén inscritos en los ficheros de autoprohibición

Un extra de seguridad en los salones de juego - Foto: Rueda Villaverde

Hace unas semanas saltó como noticia nacional la negativa de la ONCE a pagar un premio de 400.000 euros a una persona porque se encontraba inscrita en el Registro general de Interdicciones del Juego, lo que se conoce como autoprohibición. Se trata de un archivo en el que aquellas personas que desarrollan juego patológico se inscriben con el objetivo de que no se les deje jugar. Una normativa muy amplia que ha llevado a una de las grandes revoluciones en las salas de juego en Castilla-La Mancha, gracias a un cambio en la normativa que obliga a conocer a aquellas personas que acceden a los locales, con un registro y el acceso mediante huella dactilar o reconocimiento facial.

«La normativa regional que entró en vigor a finales de enero de 2022 ha obligado a todas las empresas titulares de establecimientos de juego a realizar importantes inversiones, tanto en adaptación de las fachadas, en las que se han tenido que eliminar todo tipo de imágenes, como en la adquisición de costosos sistemas electrónicos para cumplir las rigurosas exigencias de control de acceso a los establecimientos que se imponen en la nueva normativa», afirma el presidente de la Asociación Profesional de Máquinas Recreativas de la Mancha (Asmarema), Vicente de la Morena. Una inversión superior a los 6.000 euros en algunos casos, pero que hace que toda persona que se encuentre en una sala esté autorizada, impidiendo cualquier acceso de menores o de quienes tengan prohibido el acceso por cualquier motivo.

«Aquí es imposible que pase alguien sin el DNI». De hecho, ese documento es necesario para las salas virtuales de juego, pero también en las webs, donde es imposible apostar sin acreditar la identidad. «Tenemos inspecciones cada quince días», comentó De La Morena, recordando las diferencias que hay entre este sector y otros.

Un extra de seguridad en los salones de juego Un extra de seguridad en los salones de juego - Foto: Rueda VillaverdeCon todo, la asociación valora la implantación de los nuevos controles electrónicos de acceso, porque, «pese a suponer un alto coste para las empresas, aportan una mayor seguridad y agilidad en la admisión de las personas que acuden a los establecimientos de juego». En este sentido, al principio, cuesta más el acceso por el registro, pero luego basta con acceder con los datos biométricos, lo que «simplifica y mejora notablemente el control de quienes vuelven al local en otras ocasiones».

Mejorar la percepción. También ven clave que este sistema «haya acabado con una percepción distorsionada que existía anteriormente, según la cual mucha gente pensaba que no se controlaba adecuadamente el acceso a estos establecimientos». Los salones desmienten esta situación porque «siempre se ha controlado el acceso (ya que la norma del año 2013 así lo exigía), pero es verdad que ahora existe una sensación generalizada de que ese control es aún más riguroso y eficaz».

 En otros casos, las inversiones han sido mucho mayores, al haber tenido que trasladar el local a otra ubicación para respetar las exigencias de distancias a centros de enseñanza reglada que se establecieron en la nueva ley de juego. «También hay algunos locales que no han podido afrontar el cambio de ubicación y que, por ello, se verán obligados a cerrar dentro del periodo transitorio previsto en dicha ley, que establece como fecha tope la del 31 de diciembre de 2029», de hecho, ya hay algunos locales en la región que han pedido el cese temporal de actividad, mientras estudian esa opción. Si pasaran un año en esa situación, el cierre sería definitivo.

Hay algunos establecimientos que ya han efectuado el traslado a otros locales que respetan esa distancia de más de 300 metros a centros de enseñanza que ha establecido la nueva ley. «Sin embargo, aún hay bastantes que todavía no han tomado una decisión al respecto». De hecho, entre 2024 y 2025 vencen una gran parte de las autorizaciones de estos locales y, antes de ese vencimiento, «las empresas tendrán que decidir si se trasladan a otra ubicación, con la importante inversión que ello conlleva, o se acogen al plazo de prórroga de la autorización que supondría mantener su ubicación actual, pero sabiendo que tendrán que cerrar como tarde el 31 de diciembre de 2029».

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