A escasas semanas de que se inicie la vendimia, el sector del vino se presenta cargado de interrogantes ante la posibilidad de una cosecha que supere los 40 millones de hectolitros agrave la situación de excedentes provocada por la pandemia con una caída de la demanda por el cierre de la restauración, hundimiento del turismo, descensos de las exportaciones, la suspensión de todas las fiestas populares, además de los temores a nuevos aranceles desde EEUU y lo que suceda con el Brexit. Así, las industrias están preocupadas por no haber dado salida a sus producciones y los viticultores por el riesgo de caídas de los precios en origen para la uva.
Bodegueros y viticultores están por una vez de acuerdo sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas para lograr una adecuada regulación de la oferta a la demanda ante la insuficiencia de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses donde las peticiones para almacenamiento, destilación o vendimia en verde superaron ampliamente las posibilidades que ofrecían los fondos asignados. En estas circunstancias, a las bodegas les sigue sobrando vino por recorte de salidas y los viticultores, sobre todo en las zonas de mayor producción, se ven como los posibles paganos de la crisis como último eslabón de la cadena, lo que llevaría a mayores abandonos de la actividad.
En la parte industrial, los efectos de la crisis han sido siempre negativos, pero dispares, en función del grado de dependencia de cada bodega de uno u otro canal de distribución. Las firmas más afectadas han sido las que tenían una mayor dependencia de la restauración comarcal o regional donde operaban una buena parte de pequeñas y medianas empresas que no tienen posibilidad de entrar en los lineales de la gran distribución.
Según los datos manejados por la Federación Española del Vino, la caída de ventas en el canal horeca o de la restauración sería de una media del 65% en España y de un 49% en el exterior. Por su parte, en el canal de distribución alimentaria, ese descenso habría sido el 12% en España y el 23% en el exterior.
Los datos de la encuesta de la patronal revelan que la crisis ha afectado al 94% de las bodegas con una caída media de la facturación en el primer semestre del 38%, porcentaje que llega al 54% en las pequeñas o medianas y al 30% en el resto. Para el conjunto del año, las previsiones apuntan un descenso del 28%. Con la mirada en el futuro a medio plazo, las expectativas no son las más positivas. Un 35% de los bodegueros estima que la recuperación se producirá en 2021, pero un 56% lo aplaza hasta 2022.
Los efectos de la pandemia se han dejado sentir en las exportaciones. En mayo, la caída de ventas fue del 22,4% en volumen y de un 24,2% en valor. A esos datos negativos registrados en un mes durante el confinamiento, se suman los registrados en el primer trimestre cuando la caída de las ventas fue la más elevada de los últimos cinco, en parte por el inicio de la crisis, pero además por la incertidumbre de algunos importantes mercados como el norteamericano o el Reino Unido. En la parte contraria, han estado las mejoras de ventas en los Estados del norte de Europa y otros asiáticos.
Para dar una respuesta a la situación del sector, la Administración puso en marcha unas medidas encaminadas a ordenar el mercado eliminando excedentes con la mirada puesta en la vendimia. En ese objetivo, Agricultura dispuso de un fondo de 91,6 millones de euros para operar en tres direcciones: 65,4 millones para la destilación de dos millones de hectolitros de vino; 16,2 millones para el almacenamiento de 2,25 millones de hectolitros y otros 10 millones para incentivar la vendimia en verde a la que se acogieron viticultores con más de 4.300 hectáreas. En todos los casos, los fondos se quedaron cortos para atender las demandas de industrias bodegueras, destiladores, cooperativas y de los viticultores, lo que obligó a un prorrateo en los pagos frente a las ayudas prometidas y, sobre todo, que se quedó vino sin salida.
En este contexto, industria y viticultores coinciden en aplicar medidas para la ordenación de los mercados. Entre otras actuaciones, desde COAG se reclama una segunda fase de almacenamiento y destilación cuando se tengan cifras reales sobre la producción. Mayoritariamente, se ha visto como un dato positivo la decisión de Agricultura de limitar los rendimientos máximos de uva por hectárea a los 20.000 kilos para blanca y a 18.000 para tintos como instrumento para reducir la oferta y mejorar la calidad. Desde el sindicato se pide un adecuado control en la vendimia para que se cumplan esas exigencias. Asaja y UPA coinciden en que las medidas aplicadas por Agricultura son correctas pero con fondos insuficientes.
Desde las Cooperativas Agroalimentarias cuyas previsiones de cosecha se sitúan entre los 43 y los 44 millones de hectolitros, se valora la decisión de la Administración para ajustar la oferta vía almacenamiento, destilación o cosecha en verde, pero a la vez se reclama que se acelere la norma de comercialización en base al artículo 167 del reglamento comunitario para la autorregulación de la oferta y la mejor legislación de los mercados internacionales.
Industriales y viticultores coinciden en dar una solución a los problemas del vino aportando Bruselas fondos extraordinarios de la gestión de crisis. Los recursos aportados para la aplicación de las últimas medidas han sido detraídos de los recursos ya disponibles en el Programa de Apoyo vigente para el sector del vino dotado de más de 200 millones de euros y que se destinan a planes de mejora en industrias o en el campo, promoción de la demanda etc.
Con el desvío de una parte de los mismos para atajar esta situación de crisis extraordinaria, se está recortando la posibilidad de operar en otras parcelas. El sector denuncia que países como Francia o Italia hayan puesto en marcha actuaciones complementarias, lo que deja a España en una posición de inferioridad.