La justicia, cuanto más lenta, menos justicia es. Y si a la habitual lentitud en España se le añade una huelga de letrados judiciales, el resultado es lo que está sucediendo en todo el país desde hace ya siete semanas: juicios aplazados, señalamientos que se quedan sin un horizonte temporal, pensiones que no se ejecutan, multas que no se transfieren al erario público, bodas que no se celebran... La convocatoria de paro de este colectivo, que exige una adecuación de sus salarios a las nuevas responsabilidades que se les atribuían por ley en 2009, va para dos meses y no tiene visos de solución. ¿Quiénes están siendo los principales perjudicados? Como siempre pasa con las convocatorias de huelgas convocadas, los ciudadanos.
Afortunadamente, los servicios mínimos de esta huelga indefinida, que el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) está secundando desde el pasado 24 de enero, sí cubren una serie de actuaciones que hacen de esta situación un poco menos grave. Servicios como los juzgado de guardia, medidas cautelares, juicios penales o causas con preso, el Registro Civil (nacimientos, defunciones, matrimonios), actuaciones relativas a la violencia de género o procedimientos para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Pero con todo lo demás la espera para el afectado se está convirtiendo en 'eterna'. Sirva como dato que, según información facilitada por los letrados, en la cuenta de depósitos de los juzgados de Ciudad Real hay acumulados 20,4 millones de euros pendientes de darle salida. Dinero con el que se deberían pagar indemnizaciones, pensiones o ser transferido a las arcas públicas del Estado. Dinero que, si no firman los letrados judiciales, no se libera.
Dinero como los 170 euros mensuales que ha esperado durante estas semanas Raquel Gallego, en concepto de pensión de alimentos. 170 euros que el padre de su hija ya abonó por orden del juez, pero que seguían en la cuenta de los juzgados. «Fui allí y me dijeron que por la huelga no se podía hacer nada. Dos semanas después me mandaron a otro lugar y por fin la letrada firmó y lo pude cobrar», relata esta vecina de Alcolea de Calatrava, aliviada al poder contar con este pequeño pero importante ingreso para su economía doméstica.
Y es que las funciones de los letrados judiciales, desde 2009, les convierten en una pieza esencial en la cadena de la administración de justicia. Un papel que, como reclaman, no se les reconoce en absoluto por parte del Ministerio.
«Se están cumpliendo todos los servicios esenciales acordados por el Ministerio de Justicia, y con respecto a la cuenta de depósitos lo único que se está haciendo es el pago de pensión de alimentos, pero nada más», explica Carmen Marcos, una de las portavoces de los letrados judiciales de Ciudad Real, jefe de la Sección Penal del Servicio Común de Ordenación de Procedimiento y letrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1. «Sólo queremos que se sienten con el comité de huelga, que hablen, que dialoguen y que negocien, no pedimos nada más. Incluso les hemos propuesto un mediador, pero no aceptan, están totalmente cerrados. Lo que busca el Ministerio es que esta huelga se termine por agotamiento», denuncia Marcos, que acusa a la administración central de ejercer una «actitud irresponsable» que está acarreando «graves consecuencias» para los ciudadanos.