El presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a advertir al Ministerio de Derechos Sociales que rechazarán cualquier propuesta de cambio en el modelo residencial de España si no viene acompañado con la financiación suficiente para afrontarlo.
Emiliano García-Page, que presentó el Plan Funcional del nuevo Hospital de Guadalajara, valoró el que se pueda plantear "predicar y plantearse un nuevo modelo residencial de residencias de 8 estrellas, es bueno evolucionar en servicios", pero acto seguido agregó que "hay que hacerlo predicando y dando trigo" porque "o hay dinero o predicar queda en humo". En este sentido argumentó que si el nuevo modelo va a implicar que se triplique el coste de la plaza residencial es obligado "exigir que lo que se piensa a futuro se financie, si no es el cuento de la lechera, ya está bien de que el estado invite pero no pague" afirmó visiblemente molesto con el departamento que dirige Ione Belarra. De hecho, es el mandato con el que la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha acudido este miércoles a la reunión entre Ministerio y comunidades autónomas para abordar ese nuevo modelo residencial con la aprobación de un acuerdo de criterios comunes de acreditación, que contempla entre otras cosas más habitaciones individuales.
Además, lamentó que se utilice el pretexto de la pandemia de la Covid-19 para "criminalizar el sistema de residencias", donde el virus se ensañó, y criminalizar el esfuerzo que se ha hecho por parte de empresas y miles de profesionales. "Si el estado quiere obligar a reconvertir todo lo construido, trigo, lo demás es humo", incidió.
Apoyo del sector
Por su parte, el presidente de la la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), Francisco José Núñez Alía, ha alertado de que suscribir el 'Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)', en los términos en los que está redactado, "pone en jaque miles de puestos de trabajo" y "supone el cierre de cientos de plazas y servicios" dedicados a la atención a las personas mayores en toda la región, en especial en el medio rural.
"Aplicar los criterios que marca el nuevo modelo requiere de una inyección de financiación. De lo contrario, será totalmente inviable ponerlo en práctica en Castilla-La Mancha", ha defendido Núñez Alía, que ha advertido de que "si el sistema ya estaba tocado, la nueva normativa no hará sino hundirlo".
La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha es una organización empresarial sin ánimo de lucro, que fue fundada en 1992, con el objetivo de integrar a todos los centros privados de atención a personas mayores de la comunidad. En la actualidad, representa a 83 centros con un total de 7.493 plazas residenciales, que generan empleo para un total de 3.296 trabajadores.