El Gobierno de coalición vuelve a apuntarse una victoria política con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, como en años anteriores, la clave del éxito está en el mercadeo de cesiones con partidos de la periferia del sistema político español (ellos mismos se ubican allí) y difícilmente identificables con los intereses generales de la nación.
El propio Ministerio de Hacienda, en su Introducción a la lectura de los Presupuestos Generales del Estado, señala con acierto que esta ley es uno de los instrumentos más importantes de la política económica del Gobierno, en los que se plasman los objetivos estratégicos de las distintas políticas públicas y los recursos asignados para su cumplimiento. Sin embargo, los grupos que apoyan al Ejecutivo, con su aquiescencia, prefieren despreciar el debate de fondo sobre tan importante herramienta para desplazarlo hacia otras cuestiones de naturaleza política que nada tienen que ver con el modelo económico o fiscal del país. En esta tómbola anual entran cuestiones como el despliegue de la Guardia Civil o la reforma del código penal, entre otros. A sus señorías parece importarles muy poco el bienestar de la mayoría de los españoles y bastante más las soluciones particulares a sus situaciones políticas, judiciales o, sencillamente, a su ideología.
La perversión de este trapicheo lleva a que causas razonables y justas, como el traspaso de competencias de Tráfico al Gobierno de Navarra, queden deslegitimadas de origen porque la intención de quien lo propone, Bildu, poco tiene que ver con la calidad del servicio a los ciudadanos y mucho con lograr una victoria política que cumpla la doble función de vender a su parroquia un ataque a las instituciones del Estado, en forma de Guardia Civil, y de continuar el proceso de blanqueamiento de una formación que aún defiende 40 años de terrorismo.
Otros elementos en solfa son directamente impresentables porque contraponen el interés general con los de individuos concretos. Lo sucedido en Cataluña puede llevar a una reflexión sobre la mejora de los tipos penales dirigidos a sancionar algunas conductas, pero la utilización del Código Penal para encontrar soluciones ad hoc a personas condenadas por la justicia solo puede interpretarse como una injerencia a posteriori en la separación de poderes, una devaluación de las sentencias españolas ante los tribunales europeos y un intento de reescribir el relato de un atropello a los derechos fundamentales de miles de catalanes como una simple cuestión de (des) orden público.
Puede señalarse que el Congreso ha fracasado en un debate esencial para el interés general, como es el presupuestario que queda supeditado a las necesidades políticas de un PSOE que defiende que, con estas cesiones, no se debilita al Estado. Puede ser cierto, pero también lo es, que el Gobierno es cómplice de una estrategia clara de los nacionalistas: taparlo y ocultarlo hasta que se haga prescindible.