Cuando una entidad bancaria -o de cualquier otra naturaleza- le ofrezca la contratación de una tarjeta de crédito para poder realizar alguna compra urgente, cuidado. Cuidado sobre todo con las denominadas cuentas de crédito renovable o rotativo (revolving en inglés), ofrecida a los clientes bajo unas cláusulas y condiciones que el Tribunal Supremo ya consideró abusivas en una sentencia de 2020. En la actualidad son muchos los ciudadrealeños que se han visto obligados a buscar asesoría legal para pedir la finalización de un contrato que, cuando se firma, tiene un carácter indefinido, con unas obligaciones de por vida.
Con este tipo de cuentas 'revolving' los clientes disponen de una línea de microcréditos para realizar pagos hasta la cantidad que tienen autorizada, que generalmente se encuentra en el rango de los 1.500 y 8.000 euros. Son créditos personales muy atractivos para la población porque apenas se exigen condiciones para su concesión, lo que le convierten un seductor anzuelo que cuando se muerde convierte al 'beneficiario' en un acreedor de por vida. Según datos que maneja la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de Castilla La Mancha (FUCI), estos sistemas crediticios han crecido en los últimos años más de un 30%.
La razón es que el capital prestado se va devolviendo en cuotas mensuales de cantidades mínimas, haciendo frente solo al tipo de interés de este préstamo personal, muy elevado, que suele rondar el 20 o el 25 por ciento. De este modo, se genera un círculo vicioso en el que el cliente tiende a devolver solo intereses y comisiones, sin llegar a amortizar el capital principal. Un crédito que automáticamente se regenera, para que vuelva a estar disponible, convirtiéndose en la práctica en una deuda con la entidad sin horizonte temporal.
efecto bola de nieve. Juan Carlos Rodríguez, del bufete Indo Iuris de Ciudad Real, está llevando decenas de demandas sobre tarjetas de crédito 'revolving', y explica la situación de un modo muy gráfico. «Se crea un efecto bola de nieve y el cliente se convierte en cautivo del banco de por vida», con créditos de 1.500 euros que acaban convirtiéndose en un gasto de 8.000, según algunos vencimientos anticipados solicitados por él.
Las tarjetas 'revolving' se han convertido en un producto muy comercializado por todas las entidades bancarias españolas ya que aplica un tipo de interés próximo al 25%, genera un uso recurrente por parte de los clientes y además permite cobrar gastos adicionales como comisiones de estudio, comisiones de apertura o seguros de protección de pagos. Es, en resumen, un producto muy lucrativo para los bancos pero perjudicial para los clientes
El Tribunal Supremo ya dictó una sentencia en 2020 contra este tipo de microcréditos, declarando los contratos nulos y obligando a los bancos a devolver los intereses cobrados. Y lo hizo en base a una ley aún vigente que data de inicios del pasado milenio (1908), la Ley de Usura, que considera nulos los contratos que contemplen un tipo de interés desproporcionado, que hayan sido aceptados sin transparencia por el prestatario y que impliquen pagar intereses superiores al capital recibido.
Como explica Juan Carlos Rodríguez, el valor referencial medio en el tipo de interés para los créditos personales (y para todos los productos financieros) lo fija el Banco de España mediante unas tablas que se van renovando con el tiempo. La última cifra vigente, aprobada en 2015, es del 18%, notablemente inferior al 20 y hasta el 25% de tipo de interés que se están cobrando con las tarjetas 'revolving'. Por ello, la «abusividad y la usura» de este tipo de contratos resulta flagrante, y más cuando las entidades «no avisan a los clientes de este efecto bola de nieve ni les ofrecen un estudio comparativo de cómo están los tipos de interés».
Por ello, el abogado de Indo Iuris aconseja a los propietarios de una tarjeta 'revolving' a que soliciten la nulidad del contrato de manera inminente, sin esperar a que esa bola de nieve siga creciendo de manera indefinida, aunque esa solicitud formal del cliente suele toparse con inconvenientes por parte de la entidad a la hora de facilitar el contrato y los recibos de los pagos mensuales. Una anulación que, en la mayoría de los casos, suele acarrear la devolución de dinero al demandante, después de haber pagado más cantidad por los intereses, que serían declarados nulos, que el propio principal prestado. «Si no se solicita la anulación del contrato por vía judicial, el cliente va a estar cautivo de por vida de este tipo de producto, víctima de un gasto 'fantasma' que apenas se nota cada mes pero que a la larga llega a ser muy perjudicial», sentencia Rodríguez.