La situación en la prisión de Herrera de La Mancha lejos de mejorar, no ha hecho más que empeorar; se agrava por semanas porque no se cubren las vacantes por jubilación, excedencias y bajas por enfermedad. Así lo aseguran a La Tribuna desde Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, el sindicato mayoritario de prisiones).

En la actualidad hay más de 400 presos y una media de dos trabajadores de prisiones para vigilar a100.  Por las noches son ocho los funcionarios de Instituciones Penitenciarias para toda la población reclusa.

En las oficinas del penal manchego también falta personal. Por ejemplo, en el departamento de gestión, la cifra de trabajadores se ha reducido a la mitad en poco tiempo. A día de hoy son cuatro los funcionarios y otras tantas plazas  se han quedado vacantes, no se han cubierto ni hay visos de ello, aseguran a este diario desde la cárcel de Herrera de La Mancha tras indicar que ayer hubo una reunión de los representantes sindicales precisamente para hablar de la situación y elaborar un escrito que van a enviar a la Junta de Personal, al Ministerio del Interior y a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

A este respeto, a preguntas de este periódico, el delegado provincial de Acaip, Javier Ortega, ratifica las declaraciones de sus compañeros y agrega que «no  hay voluntad  política para resolver su situación», el déficit de personal en las prisiones ciudadrealeñas de Alcázar y Herrera de La Mancha, donde la carencia de trabajadores  se acerca ya a cuarenta.

La falta de funcionarios se nota  más en el control interior de la cárcel, en la vigilancia y cuidado de los reclusos. Un trabajador del penal manchego ha llegado a estar sólo para 120 presos. A día de hoy son dos los funcionarios de prisiones encargados del control de entre 90 y 100 reclusos, indica Javier Ortega, quien recuerda que hay que tener en cuenta los turnos, descansos y vacaciones de personal. Este año se les va a restringir los permisos precisamente por el déficit de trabajadores. «La política de la Administración es no meter gente», remarca en declaraciones a La Tribuna el secretario provincial de Acaip. Al hilo de ello, Javier Ortega asegura que las novecientas plazas convocadas para toda España no son suficientes para cubrir el déficit de trabajadores de prisiones: más de 3.500.

Se necesitaría una promoción de 1.500 o 1.600, apuntan otras fuentes desde el penal manchego. Unos y otros coinciden en afirmar que la situación se está agravando por las jubilaciones y segunda actividad. A los 57 años se puede pasar a la segunda actividad, situación que les lleva a un cambio de destino, es decir, si por ejemplo están encargados del control de los presos en el interior (abrirles las celdas, llevarlos a las duchas, al gimnasio, patio, comedor ...) pasan a las oficinas. A esta circunstancia, se suma el número de trabajadores de prisiones que se jubilan. «No se da abasto» porque cada vez «somos menos» y mayor la población reclusa, que actualmente supera los 400. El representante de Acaip en la provincia asegura que los funcionarios de interior, los que están en contacto permanente con los presos, llegan a tener miedo por la responsabilidad que tienen. Es difícil para un sólo funcionario estar al cuidado de 90 o 100 reclusos.

Subrayan que donde antes había cinco funcionarios a cargo de la vigilancia de 120 o 140 internos ahora hay solo uno o dos .

Agentes de la autoridad. Los funcionarios de prisión también piden que se les conceda la condición de agentes de la autoridad para frenar las agresiones de presos a trabajadores. Lamentan que no exista acuerdo político para hacer realidad este cambio de consideración y aseguran que «una agresión a un funcionario sale gratis, no es una pena agravada».