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Alerta por el aumento de los abusos y maltrato a menores

Pilar Muñoz
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La violencia contra los niños y niñas y las mujeres acapara el día a día de la psicóloga y trabajadora social del Equipo Psicosocial que presta servicio a toda la provincia

La psicóloga (de pie) y la trabajadora social del Equipo Psicosocial examinando uno de los informes en su consulta de los Juzgados donde atienden a las víctimas. - Foto: Rueda Villaverde

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ciudad Real alerta del aumento de los abusos sexuales y maltrato a menores. Los médicos forenses y el Equipo Psicosocial del IML atienden cada año a más niños y niñas víctimas de abusos y malos tratos. El informe anual es un claro indicador de este incremento que preocupa a los forenses y a la psicóloga Cristina Pozo y a la trabajadora social Isabel Herrera del Equipo Psicosocial, que presta servicio a la Audiencia Provincial de Ciudad Real y a una treintena de juzgados de la provincia. Las dos profesionales atienden todos los casos de jurisdicción penal: abusos sexuales a menores, mayores, maltrato, violencia de género y en el ámbito familiar, de hijos a madres, padres o abuelos; acoso laboral e incluso lesiones en accidente de tráfico, aparte de todo lo relacionado con los delitos contra las personas (lesiones, tentativas de homicidio...)

En el último informe anual correspondiente a 2021, al que ha tenido acceso La Tribuna, el Equipo Psicosocial anota 141 oficios de distinta naturaleza penal. Las peritos destacan el incremento de procedimientos de orden penal cuyas víctimas son menores que han sufrido abusos sexuales y maltrato.

El 45,4 por ciento de los oficios registrados corresponde a menores víctimas de abusos y casi la mitad de los informes emitidos por la psicóloga y trabajadora social en el último año han sido por esta causa.

De ahí también el aumento registrado en la solicitud de pruebas preconstituidas, sobre todo a resultas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia de Género. Entró en vigor en junio del año pasado y amplía las competencias del Equipo Psicosocial de Ciudad Real, pero con la misma dotación de personal y medios, ya de por sí escasos.

El número de informes se ha duplicado debido a la práctica de la prueba preconstituida: la declaración del menor o discapaz para evitar la doble victimización, tener que revivir otra vez todo ante el juez, en una sala de vistas y a escasos metros del acusado o acusados.

La psicóloga y la trabajadora social han realizado 22 pruebas preconstituidas a menores o discapacitados, un número que de entrada puede parecer pequeño, pero que no lo es porque son casos de especial gravedad. Con estas pruebas se evita que asistan a juicio. El juez  acuerda practicar la audiencia del menor o discapaz como prueba preconstituida con todas las garantías legales de cara al juicio oral. Para llevar a cabo esta prueba tan importante, esencial en un juicio penal por abusos o agresión sexual a un menor o un discapaz, las profesionales del Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real sólo cuentan con un despacho o consulta de reducidas dimensiones (carecen de instalaciones o espacios adecuados) y un ordenador con  webcam  para las videoconferencias, conectar desde su despacho con el juzgado que instruye la causa para que se tome declaración al menor o persona vulnerable.

Los menores tienen que acudir a las dependencias que tienen en la planta baja de los Juzgados de Ciudad Real sin una sala de espera en condiciones. Estas pruebas requieren tiempo, técnica, conocimiento y práctica. «No se puede abordar al menor, discapaz o cualquier otra víctima a bocajarro», indican las peritos judiciales.

Los informes emitidos en el último año van en paralelo a los oficios: 44 de los 94 corresponden a procedimientos penales por abusos sexuales a menores y maltrato. En este sentido, es importantísima la credibilidad del testimonio, otra prueba que practican las especialistas de Medicina Legal.

El 32 por ciento de los informes son por violencia de género, que es otra de las prioridades para  la psicóloga Cristina Pozo y la trabajadora social Isabel Herrera.

El resto de los casos que atienden son por lesiones, acoso laboral, valoración de discapacidad, grado de dependencia ... Para la realización de estos informes, las especialistas del Equipo Psicosocial han hecho 454 entrevistas, se han coordinado con 231 profesionales comprometidos en los casos como pueden ser educadores, directores de colegios o trabajadores de los servicios sociales. Además, según recoge el informe de la memoria anual del Instituto de Medicinal Legal de Ciudad Real, se han hecho 180 pruebas psicológicas.

De baja un año el equipo creado ante la sobrecarga

El Equipo Psicosocial adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un órgano técnico que dependen del Ministerio de Justicia y cuya labor es fundamental en los Tribunales y juzgados. En Ciudad Real entró en funcionamiento el 30 de diciembre de 2005 al crearse las unidades de valoración forense integral de violencia de género dentro del Instituto de Medicina Legal. Nueve años después, en 2014, ante la sobrecarga de trabajo y el retraso generado en los asuntos de familia al tener prioridad las causas penales, se creó el segundo Equipo Psicosocial con el fin de dar respuesta a los temas civiles. Las dos integrantes de este equipo han permanecido durante el año 2021 en situación de baja laboral sin que se hayan cubiertos las plazas, no ha sido sustituidas por otras profesionales.

De este modo, la psicóloga y la trabajadora social del primer Equipo Psicosocial siguen haciendo frente a todo el volumen de asunto que se registra al año, con más casos de abusos a menores y de violencia de género. De ahí que haya pendiente de resolver 103 asuntos, 25 de 2020 y 78 de 2021.