La ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva semanas insistiendo en ello: este Gobierno va a ser «el que más lejos va a llegar» en la lucha contra la explotación sexual, con «medidas contundentes», para poner fin a la impunidad de la «poderosa» industria proxeneta. A través de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Ejecutivo pretende cambiar el Código Penal para castigar el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, esto es, alquilar locales donde se explota a mujeres. Una iniciativa que equiparará las violencias sexuales a la violencia de género y que dará «pasos significativos» a finales de año o principios de 2021, como sostiene Montero, que reconoce que estas medidas tienen que ir acompañadas de una «vía fuerte de ofrecimiento de alternativas sociales, laborales y habitacionales» a las víctimas y del impulso de una ley de trata para ser del todo efectivas.

A la espera de que la iniciativa política y legislativa se materialice en una realidad, la tendencia detectada en los últimos tiempos por las Fuerzas de Seguridad es que la prostitución se está desplazando desde los clubes de alterne a pisos de forma itinerante para dificultar su persecución.

Castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce la explotación sexual -tercería locativa- era un delito que ya estuvo tipificado en el Código Penal hasta su reforma en 1995, y ahora el Gobierno pretende que vuelva a estar presente.

La prostitución no está ni prohibida ni permitida en España, que es el primer consumidor de Europa y el tercero del mundo, por detrás de Tailandia y Puerto Rico. Un negocio que genera unos beneficios diarios que superan los cinco millones de euros, la mayor parte en dinero negro, según la Fiscalía General del Estado.

En la actualidad, la explotación sexual se produce en muchos establecimientos que tienen licencia de bar, hotel o gimnasio donde los proxenetas operan con total impunidad. Pero también en domicilios particulares, lo que dificulta que se persiga esta práctica porque la Policía no puede acceder a ellos.

Como relata el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Vicente Calvo, el objetivo de los explotadores obligando a las mujeres a prostituirse en pisos es obtener más beneficios -no pagan impuestos como en los locales- y, sobre todo, eludir las inspecciones policiales que se desarrollan en los establecimientos.

Son escasos los datos que hay en España sobre la trata de personas con fines de explotación sexual y las mujeres prostituidas. En los primeros seis meses de 2020, se efectuaron 133 operaciones que se saldaron con 196 detenidos y 215 víctimas liberadas, según avanzó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 30 de julio con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Alrededor de 1.600 prostíbulos son los que calculan las Fuerzas de Seguridad que hay en el país, que sigue siendo tanto destino como tránsito para la trata, ya sea desde Latinoamérica como de África y Europa del Este.

Venezolanas y colombianas son las principales nacionalidades de las víctimas, seguidas de nigerianas y rumanas, detalla el capitán Calvo, que subraya que han descendido las brasileñas y que hay porcentajes residuales de ucranianas y marroquíes.

Extranjeras

Más del 90 por ciento de las víctimas de trata con fines de explotación sexual no son españolas y de ellas, más de la mitad, tienen origen sudamericano. A las mujeres venezolanas y colombianas, les siguen las dominicanas y paraguayas.

Las redes que trafican latinoamericanas generalmente las captan con engaños a través de las redes sociales y, aunque la deuda que contraen es muy inferior, por ejemplo, a las de las víctimas nigerianas (de 3.000 a 6.000 euros frente a los entre 30.000 y 50.000 euros de estas últimas), esta cifra va incrementando «por todo»: los gastos del viaje, del alojamiento, de la comida...

«Las meten en una red de la cual no pueden escapar», denuncia el capitán de la Guardia Civil, que remarca que incluso cuando asumen que van a venir a España a ser prostituidas, se encuentran con unas condiciones insufribles.

Por si fuera poco, estas mujeres  tampoco han sido ajenas a las terribles consecuencias del coronavirus. Y es que, pese a que durante estos meses la actividad de estas redes criminales ha disminuido, la vulnerabilidad de las víctimas ha crecido de forma exponencial, ya que muchos de los locales echaron el cierre y se quedaron sin ingresos. «En muchos clubes han sido abandonadas», lamenta el capitán Calvo, que revela que, en coordinación con las ONG, han acudido a estos establecimientos «a llevarles comida y agua» durante la pandemia.

La trata de seres humanos se lucra de la prostitución, pero también da la cara a través de otras formas terribles de violencia contra la mujer. Una aberrante es el matrimonio forzoso de menores. En España se han detectado casos de Rumanía, Pakistán o Marruecos.

«La trata de seres humanos en cualquiera de sus formas es el delito más grave que puede haber. Es la esclavitud del siglo XXI», concluye el capitán Calvo.