La Abogacía del Estado ha remitido un escrito a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8-M en el que critica el informe "con claro sesgo acusatorio" de la Guardia Civil y "las continuas sospechas y comentarios suspicaces" que contiene.

El escrito de la Abogacía pretende que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid revoque la citación de Franco como investigado para el próximo 10 de junio.

Y lo hace con serias críticas a la jueza, a quien vuelve a reprochar que "cercene" el derecho a la defensa de Franco al ordenar la práctica de diligencias no urgentes pese a la suspensión de plazos procesales establecida por el estado de alarma, al tiempo que no tramita los recursos de la defensa amparándose, en ese caso sí, en la suspensión de los plazos.

Pero en el informe, los servicios jurídicos del Estado cuestionan el informe de la Guardia Civil sobre el papel del delegado del Gobierno en la autorización de las manifestaciones celebradas en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo.

Se trata -afirma el escrito- de un informe "de claro sesgo acusatorio", que "desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces" contra la Delegación del Gobierno por la entrega de documentación, todo ello por una "inadmisible urgencia" perjudicial para la investigación y para el investigado en una causa que la propia jueza calificó de "no urgente".

La Abogacía tampoco comparte que la jueza pida al forense una ampliación de su informe sobre la influencia de las manifestaciones en la expansión del coronavirus, dado que Franco solo está siendo investigado por prevaricación y que el informe de la Policía Judicial no incluye "ningún análisis de evidencias científicas, sólo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del forense".

Y critica también las conclusiones del forense por afirmar, "como hecho incontrovertido, que las manifestaciones (no dice cuáles) han podido causar una amplia difusión de la enfermedad".

"Negamos la mayor. Esa afirmación no tiene ningún sustento científico ni técnico y el forense no la razona, ni argumenta ni la apoya en ningún dato objetivo. Tampoco sabemos a qué se refiere con "amplia difusión". Es una afirmación apodíctica huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid", argumenta la Abogacía.

De hecho, la Abogacía plantea que la semana previa al 8M viajaron en Metro de Madrid 15 millones de viajeros, pero también hubo actividad docente, en oficinas, juzgados, centros comerciales, eventos deportivos, culturales o políticos que provocaron millones de contactos.

Eso haría "absolutamente residual el impacto que hubiera –sin que haya ninguna certeza- podido tener cualquiera de las manifestaciones celebradas hasta el día 9 de marzo".

El escrito va más allá y recalca que una investigación penal no puede basarse en afirmaciones semejantes sin fundamento técnico alguno. "Una investigación penal debe investigar hechos indiciariamente delictivos, no convertir en indiciariamente delictivos unos hechos para investigarlos".

Y cree que la petición al informe pretende buscar alguna oportunidad para reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes, con la posibilidad de que puedan entrar acusaciones particulares, dado que hasta el momento se trata de "una instrucción sin acusación, impulsada sólo por la Instructora".