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Deniegan libertad a los acusados de una macrocausa de droga

Pilar Muñoz
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La investigación arrancó en Daimiel y acabó en varias ciudades españolas tras numerosos registros y detenciones, entre ellas la de un marroquí en la A-4 con 10 kilos de resina de hachís

Deniegan libertad a los acusados de una macrocausa de droga - Foto: Tomás Fernández de Moya

Le pillaron con más de diez kilos de resina de cannabis  cuando cruzaba Manzanares por la A-4 proveniente de Andalucía en dirección a Madrid. La droga se halló en el maletero del coche de su hermano huido de la Justicia. Ocurrió en junio de 2021, pero para entonces ya estaba siendo investigado, como también otra veintena larga de personas por tráfico de drogas y algunas también por pertenencia a grupo criminal. Hubo cerca de treinta detenidos en una macrooperación desarrollada en varios municipios de Ciudad Real, incluida la capital, en la célebre barriada de San Antón; y en las provincias de Toledo, Málaga, Huelga, Cádiz y Valencia. 

La mayoría acabó en prisión y transcurridos más siete de meses los abogados han pedido la libertad provisional, pero se han ido denegando una tras otra al menos a una decena. Los letrados aseguran que no hay motivo alguno para que sigan en prisión sobre todo cuando las penas que inicialmente se piden no son elevadas, pero principalmente porque «no hay riesgo de fuga ni peligro de destrucción de pruebas», habida cuenta de que la instrucción está finalizada y queda poco para el enjuiciamiento, «como nos han asegurado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Nos han dicho que el enjuiciamiento es inminente, si bien es cierto que estamos en la fase intermedia sin que se hayan presentado los escritos de defensa. Además, hay muchos detenidos, testigos, agentes y peritos en la macrocausa», indica a preguntas de este diario la letrada Ángela Fuensalida, que defiende a algunos de los investigados. El proceso judicial podría ser dentro de un año y, según la letrada, algunos pueden pasar más tiempo en la cárcel preventivos que la pena que finalmente le impongan de ser declarados culpables, es decir, autores de un delito de tráfico de drogas.

Del mismo modo, no acierta a entender por qué en algunos casos se ha pedido prisión bajo fianza, favoreciendo la salida de la cárcel de estos investigados, y en otros sin fianza y, por tanto, sin posibilidad de salir en libertad con cargos. Se da la circunstancia de que tres de los encausados salieron en prisión tras pagar dos de ellos 6.000 euros, concretamente los que responden a las iniciales Y.D.C.A. y A. M., y el tercero, Y.S. 8.000 euros. Sin embargo, con menos cargos y penas de cárcel solicitada siguen en prisión como es el caso de M.A. D., ciudadano comunitario con domicilio y familia en España, su mujer es española. Su hermano era el dueño del coche donde apareció la resina de cannabis, recalcan la letrada.

En este contexto, indica que el 1 de febrero se pidió la libertad de uno de los imputados para que pudiera asistir en Málaga al entierro de su madre fallecida por COVID y lo denegaron. Hay malestar entre las defensas, que reiteran que no hay riesgo de fuga por el arraigo de todos los encarcelados.Pero la Fiscalía entiende que han de seguir presos y la Audiencia de Ciudad Real también. 

Investigación. Las averiguaciones, seguimiento y vigilancias se llevaron a cabo en numerosos pueblos de la provincia de Ciudad Real tras abrir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una investigación en Daimiel por tráfico de drogas. 

Según la documentación en manos de este periódico, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga   han llevado el peso de las actuaciones con numerosas escuchas telefónicas que, según los agentes, confirmaron sus sospechas. Las pesquisas empezaron en diciembre de 2020 y junio de 2021 comenzaron los registros en numerosas viviendas con el correspondiente mandamiento judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano. De este modo, efectuaron registros en viviendas de Jerez de la Frontera (Cádiz), Illescas y Yuncos (Toledo), Ayamonte (Huelva ), Valencia, Puertollano, Ciudad Real capital, en San Antón;  Miguelturra, Daimiel, Torralba, Herencia, Hinojosas y Puertollano, entre otros municipios de la provincia. Hallaron droga hasta en zapatos de Gucci, 794 gramos de cocaína.

Entre los detenidos se encuentra un marroquí de iniciales O. B., para quien la Fiscalía pide una de las mayores penas de cárcel. Desde el 10 de junio de 2021 está en prisión provisional. Los españoles S.C.P. y F. J.P.V. se enfrentan a condenas de siete años de cárcel. Para el marroquí detenido en la A-4 piden una condena de tres años y nueve meses.

Acusación. Según el informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso La Tribuna, desde agosto de 2020 los acusados de iniciales F. J. P. V., C. C. M. y O. B., junto a otros dos varones que están huidos de la Justicia,  se dedicaban desde octubre de 2021 a la "adquisición, distribución, suministro y venta de cocaína y hachís en la provincia de Ciudad Real. Según los investigadores, se proveían de cocaína en la zona de Levante y de hachís en Málaga y Huelva. Después en contacto con los acusados residentes en la provincia de Toledo, la transportaban hasta la provincia de Ciudad Real donde era distribuida en diversas localidades, principalmente en Daimiel, Miguelturra, Ciudad Real capital, Alcázar de San Juan, Torralba de Calatrava, Herencia y Puertollano. En varios domicilios de estas localidades se vendía la droga, 'menudeo' o venta minorista, realizando también los acusados labores directas de venta. 

Los cabecillas. En la cúspide de ese grupo, la Guardia Civil sitúa al acusado de iniciales F. J. P. V'. Era la persona encargada de realizar las gestiones para conseguir la droga (hachís y cocaína) en cantidades de notoria importancia. Vendía las sustancias estupefacientes en su propio domicilio de Daimiel, considerado centro neurálgico del desarrollo del tráfico. Desde allí repartía la droga a otros que están en escalones de distribución de menor entidad e incluso a vendedores finales, realizando para ello diversos viajes a Málaga, visitando con frecuencia Miguelturra donde mantenía contacto con los acusados allí residentes. Las gestiones las realizaba por teléfono,  facilitando su número a contactos muy determinados, concertando encuentros y citas. Para evitar ser descubiertos, adoptaban múltiples medidas de seguridad como el cambio constante de tarjetas telefónicas y el uso de otros domicilios e inmuebles conocidos en el argot como 'caletas o guarderías' para almacenar la droga adquirida. El acusado C. C. M. era "el actor principal" de la obtención y transporte de la cocaína desde la zona de Valencia para su posterior distribución en la provincia de Ciudad Real. La conseguía en un primer momento de un investigado, de origen marroquí, que está declarado en situación de rebeldía, huido de la Justicia.

Cada uno de los citados encausados contaban con terceras personas para 'business'. De este modo, F. J. P. V. se valía de su pareja, la también encausada M. P. d. l. M., conviviendo ambos con sus dos hijos menores en Daimiel.  Del mismo modo, contaba con el acusado P. L. d. l. N. G. d. l. G. y su cuñada J. d. l. M. P.

Concertada la compra de droga, actuaba como "socio y mano derecha" de F. J. P., el encausado de iniciales O. B., quien en sus tarea de recogida y transporte de la droga se valía de J. D. G. con residencia en Miguelturra y su conductor en muchos desplazamientos para el negocio. 

Penas y multas millonarias. La Fiscalía acusa de un delito de pertenencia a grupo criminal a F.J.P.V., C.C.M. y O.B., a los que también les imputa tráfico de drogas. Para el primero pide una condena de siete años de cárcel y multa de 60.000 euros. El segundo se enfrenta a la misma pena de prisión y una multa de 3.500 euros, mientras que para el tercero se pide una condena de cuatro años y medio y multa de 15.000 euros. 

Hasta siete años y nueve de cárcel piden para A S. C. P., al que se incautó en una vivienda de Valencia más de 800 gramos de cocaína. La multa es de 400.000 euros.

Los otros 20 encausados se enfrentan a penas de entre un año y medio y cuatro de prisión. Para algunos de ellos se piden multas millonarias, concretamente 1.800.000 euros para cada uno de los acusados de iniciales Y. S. y A.B.; y 1.200.000 para la encausada Y.B.E.A. e igual cantidad para el investigado A. M. En la mayoría de las viviendas se hallaron distintas cantidades de cocaína, hachís, cannabis, así como importantes sumas de dinero y muchos teléfonos móviles de alta gama.