La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado este lunes que la Cámara acatará la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las enmiendas para la renovación del propio órgano de garantías que ahora está en trámite en el Senado, pero ha defendido la actuación del Congreso durante la misma, ha avanzado que pedirá ser "oída" en el procedimiento para defender "la autonomía parlamentaria y las funciones del legislativo" y ha mostrado su "preocupación" por este hecho "sin precedentes".

Así se ha pronunciado Batet a través de una declaración institucional leída en el Congreso en la que ha remarcado que aún no ha recibido notificación formal de una decisión del TC hacia la que ha mostrado su "respeto".

Eso sí, ha remarcado que la suspensión de un proceso legislativo carece de "precedentes" en la democracia española y ha mostrado su "honda preocupación" por los efectos que esto puede tener en el "funcionamiento del legislativo", pues "se posibilita que "la interrupción de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado con la interposición de un recurso de amparo".

Deslegitimación del sistema

Además, ha apuntado que la resolución del TC sobre las cautelarísimas solicitadas por el Grupo Popular se produce "en un contexto de bloqueo" de las instituciones "y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas", un escenario que, ha alertado "entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático".

La presidenta ha subrayado que el Congreso "conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones" y "se guía siempre
por el leal cumplimiento del Reglamento y la Constitución".

"El Congreso de los Diputados para ejercer sus competencias, interpreta la Constitución y enmarca su actuación en su sentido posible, si bien en nuestro sistema constitucional la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional", ha añadido Batet.

A continuación, ha incidido en que la decisión del TC tiene como efecto "la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de la jurisdicción constitucional".

Un solo diputado puede parar una ley

"Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales", ha avisado Batet.

Y ha abundado: "En el marco de los entendimientos sobre las relaciones entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional en los últimos cuarenta años, no se había experimentado o contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de la Constitución".

En este contexto, ha puesto de relieve que la "Norma Suprema", a través de distintas previsiones, "garantiza y preserva
el proceso de libre formación de la voluntad de los órganos legislativos mediante el debate, la deliberación y la votación. Sin interferencias" y que este "es un principio que ha regido siempre, hasta ahora, la convivencia de nuestro modelo de justicia
constitucional con el ejercicio de la soberanía popular a través de las funciones atribuidas a las Cortes Generales".

Llegados a este punto, Batet ha remarcado que "la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una: la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional". Si bien ha dicho esperar que "a la mayor brevedad" la Cámara espera ser "oída" y poder presentar ante el TC sus "argumentos para defender la autonomía parlamentaria y las funciones del poder legislativo".