«No hay trasfondo político» y sí un daño al medio ambiente por vertidos contaminantes de dos bodegas de Manzanares y una de Membrilla en la campaña de vendimia de 2013 y 2014 que afectaron al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Los entonces alcaldes y concejales de Medio Ambiente de estos municipios «permitieron y consintieron» estos vertidos. Así lo estima probado el fiscal Carlos G. Santorum, que ha sentado en el banquillo a Antonio López de la Manzanara (alcalde de Manzanares por el PP cuando se produjeron los vertidos), al actual primer edil de Membrilla Manuel Borja, también del Partido Popular; a los concejales de Medio Ambiente Manuel Martín-Gaitero y Trinidad Alcaide y a los administradores de las bodegas Jesús del Perdón-Yuntero y Don Quijote de Manzanares y Galán de Membrilla.

El juicio desarrollado en tres largas sesiones en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real ha quedado visto para sentencia después de que la acusación pública y las defensas elevaran a definitivas sus conclusiones tras un considerable y, en algún momento, bronco debate jurídico.

El fiscal ha iniciado su alegato ante la juez Antonia López-Manzanares refutando las cuestiones previas planteadas por las defensas relativas a las muestras de aguas tomadas, cadena de custodia, responsabilidad civil y dilaciones indebidas. A juicio del fiscal, no deben prosperar porque no hay fundamento, no ha lugar por ejemplo a las dilaciones indebidas porque se trata una causa de «gran complejidad».

Entrando ya en materia, ha subrayado que no hay trasfondo político porque la denuncia partió de dos agentes del Seprona, imparciales y objetivos a los que solo les mueve el interés de proteger y defender el medio ambiente. Los agentes detectaron un color gris-verdoso en el río Azuer, que emanaba un fuerte olor y que apuntaba a vertidos industriales. Abrieron una investigación por los cambios observados en las condiciones organolépticas de las aguas del Azuer a su paso por Daimiel. El resultado de los análisis de las muestras tomadas por el Seprona y los informes «concluyeron» que el origen estaba en la Estación Depuradora de Manzanares que también da servicio a Membrilla. Según el fiscal, se ha acreditado que en los periodos de máxima actividad en las campañas de vendimia de 2013 y 2014 tres industrias vinícolas conectadas a la red de saneamiento público habían vertido cargas contaminantes muy elevadas, superiores a los límites de emisión establecidos. Llegado a este punto, ha aseverado que las bodegas Jesús del Perdón-Yuntero, Don Quijote y Galán «no tenían sistemas eficaces de tratamiento de residuos y vertían aguas industriales sin depurar causando daño al medio ambiente».

Los ayuntamientos «no hicieron lo que estaba a su alcance para impedir que estos vertidos salieran fuera". El entonces alcalde manzanareño y el actual primer edil de Membrilla en su descargo han afirmado que hicieron todo lo posible para impedirlo, «pero podían  haber hecho más», ha remarcado el fiscal.

Las bodegas también han alegado un gran esfuerzo inversor para solucionar el problema, «pero en 2014 no tenían instalaciones para el tratamiento adecuado de las aguas», ha sostenido Santorum, quien considera probado que Las Tablas de Daimiel «se vieron perjudicadas» y «los alcaldes y concejales de Medio Ambiente tienen la responsabilidad 'in vigilando'». De ahí que considere ajustada a la entidad de los hechos la pena de dos años y medio de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. También pide una responsabilidad civil que ha sido muy cuestionada por las defensas de los procesados, que solicitan la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables al considerar que no se ha probado la acusación contra los procesados y sí una «actitud negligente» de Acciona, empresa encargada de la gestión del agua y depuradora.

Para el abogado Jesús Velascoín, que defiende a López de Manzanara y Martín-Gaitero «no se puede decir que los alcaldes y concejales no hicieron nada porque no es cierto». También, como el resto de letrados ha puesto el acento en que no hay delito imputable a los encausados y desde luego se parte de una premisa errónea, ha apuntado la letrada de Bodegas Galán de Membrilla tras recalcar que las aguas fecales sin depurar que se vertieron fue por "mal funcionamiento de la depuradora". Abundando en esta línea ha señalado que la materia orgánica "no procedía de la bodega".

El letrado José González ha insistido en la "actitud negligente" de  Acciona tras afirmar que el Ayuntamiento de Membrilla no recibió comunicación alguna sobre una acción relacionada con dichos vertidos. Cuando tuvieron conocimiento de los hechos tomaron las medidas oportunas para que la bodega señalada instalara una depuradora. Del mismo modo, ha hecho especial hincapié en que de 1998 a 2013 no hubo vertidos y "el sistema de depuración era el mismo. El hecho de no tener depuradora no quiere decir que no se tratarán los residuos", ha precisado en relación a que cumplían con la normativa. Además, "hubo multitud de reuniones del Ayuntamiento de Membrilla con la bodega para que adoptaran las medidas y pusieran en marcha una depuradora propia", ha recalcado en relación a que el Consistorio hizo todo lo estaba en su mano, no así la Conferencia Hidrográfica.

La depuradora de Manzanares estaba "sobredimensionada". Las aguas fecales se vertieron sin depurar "por culpa de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, no de las bodegas", ha significado.

A este respecto, el letrado que defiende a la Bodega Don Quijote ha puesto en tela de juicio la acusación contra su cliente Santiago Cantarero. Entró en escena en agosto de 2013, cuando compraron la bodega. No llegó a tiempo de producir uva, de la vendimia y no pudo causar vertidos. Sin embargo, se le ha sentado en el banquillo. Este letrado también ha reiterado el esfuerzo inversor de Bodegas Don Quijote para poner en marcha las instalaciones y una depuradora bien diseñada como ha reconocido uno de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

El abogado de la Cooperativa Jesús del Perdón-Yuntero se ha mostrado en el juicio más crítico y 'peleón' hasta el punto de pedirle la magistrada que no fuera tan beligerante con un testigo. El letrado ha puesto el acento en las más de 200 empresas e industrias que vierten sus residuos a la red de saneamiento pública, incluso el Hospital de Manzanares. Pero solo se acusa a tres bodegas, ha recalcado tras cuestionar al Ministerio Fiscal. "No se nos ha dicho qué cantidad hemos vertidos, qué normativa hemos contravenido ... Dónde queda el principio acusatorio, ha subrayado tras recalcar que no se ha acreditado que fuera la actividad de la bodega y no la de "las otras 200 empresas de Manzanares" las que causaran los vertidos contaminantes.

Las defensas han apostillado que no hay dolo, voluntad de causar daño al medio ambiente. Acciona no informó de una avería en la depuradora, la rotura de la llave de paso, que fue determinante en los hechos a juicio de las defensas.

La sentencia. Todos los letrados han esgrimido la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Ciudad Real en el caso de los vertidos de Argamasilla de Calatrava. No se pudo acreditar el daño grave al medio natural y no se consideró culpable a la alcaldesa. No hubo temeridad ni mala fe, hizo todo lo que estaba en su mano, sentenció la Audiencia de Ciudad Real.

La responsabilidad Civil. El asunto de la responsabilidad civil también se ha puesto en tela de juicio. El letrado Rodrigo Caballero, en representación del Ayuntamiento de Manzanares que desde 2015 preside Julián Nieva, ha sido el más crítico con el informe del Ministerio Fiscal en este asunto. Si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no tiene responsabilidad alguna en la causa ni es la titular de los bienes presuntamente dañados, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, cómo es posible que se pida una indemnización conjunta y solidaria de casi 71.000 euros. "¿Qué daño se ha producido a la Junta?", ha dejado el letrado en el aire, a juicio de la magistrada.