El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde definitiva al límite de gasto no financiero, más conocido como techo de gasto, necesario para la elaboración de los presupuestos regionales de 2023. Como ya avanzó la semana pasada el consejero de Hacienda y Función Pública, Juan Alfonso Ruiz Molina, la cifra es muy similar a la del ejercicio anterior, alcanzando los 7.554 millones de euros, algo más de 22 millones menos que en 2022.

Según explicó Ruiz Molina es una cifra marcada por el rigor en un contexto de enorme incertidumbre; la prudencia a pesar de estar en un año electoral y no rendirse a la "tentación" de incrementar el gasto; y por la responsabilidad al reducir en un 70% la necesidad de endeudamiento por el incremento de los tipos de interés anunciados por el Banco Central Europeo, lo que tendría una importante repercusión en los años posteriores a 2023. No obstante, el responsable de las cuentas autonómicas aseguró que esta cifra es suficiente para "garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos" en esta legislatura, y mantener la presión fiscal "congelada", siendo una de las comunidades autónomas con menor carga impositiva, dijo.

El consejero explicó que los ingresos propios suponen 7.234 millones, con una diferencia del 23% con respecto al año anterior, y donde el 85% procede del actual sistema de financiación autonómica y las entregas a cuenta correspondientes al año 2021, por lo que no dudó en recordar la importancia de "seguir reivindicando un sistema más justo" para las comunidades autónomas en ese reparto. El otro 15% está compuesto por los tributos de carácter autonómico o cedidos, las transferencias del Estado y de la Unión Europea, y esa otra parte, pero reducida, correspondiente al endeudamiento.

Solo falta su paso por las Cortes para ser aprobado, y que es condición necesaria para poder elaborar los presupuestos de la Comunidad, que tal como confirmó el consejero, serán muy similares a los del año pasado, a falta de confirmar algunas subvenciones finalistas por parte del Estado enmarcadas en el Plan de Recuperación y Resiliencia.

En cualquier caso, esos presupuestos estarán orientados a atender las necesidades del tejido productivo, para incentivar la creación de empresas y generación de empleo, así como la protección de las familias y colectivos más vulnerables. También con el refuerzo de los servicios públicos para garantizar la cohesión social, y seguir apostando por la transición ecológica, la transición digital y la lucha frente al reto demográfico. Un "instrumento" subrayó, para seguir ofreciendo crecimiento económico y bienestar a los ciudadanos, resumió.