El Tribunal de Cuentas pide a las localidades de más de 10.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real un mayor compromiso para el desarrollo de la llamada Agenda 21, a la que los grandes municipios del territorio se adhirieron en su mayoría pero que no cuenta en la actualidad en muchos de ellos con elementos de desarrollo y fiscalización, y sobre todo con instrumentos para implementar verdaderas políticas medioambientales por parte de las administraciones locales. Así se recoge en el informe que el órgano fiscalizador ha emitido conforme a los datos recabados en estos municipios a lo largo de 2017 y hasta el 31 de mayo de 2018, y en el que hace un repaso a las políticas ambientales de las localidades de más de 10.000 habitantes con una conclusión clara: aunque la adhesión fue mayoritaria por parte de los consistorios ciudadrealeños, faltan instrumentos para que esa adhesión, o la intención de realizar políticas de medio ambiente, tenga traslado al día a día y se puedan, además, comprobar los resultados de las iniciativas puestas en marcha.
La Agenda 21 parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, donde se aprobó el Programa XXI o Agenda 21, con objeto de promover el desarrollo sostenible, que constituyó un plan detallado de actuaciones a emprender por los gobiernos de los estados miembros de la ONU para integrar medio ambiente y desarrollo económico y social en el horizonte del siglo XXI. En la provincia, la adhesión a ese documento es mayoritaria en los municipios de más de 10.000 habitantes, y sólo Alcázar, Bolaños, Criptana, Miguelturra y Socuéllamos no se encuentran integrados en ella. El resto (Ciudad Real, Daimiel, La Solana, Manzanares, Puertollano, Tomelloso, Valdepeñas y Villarrubia de los Ojos) sí lo están.
Ése es un primer paso que valora el Tribunal de Cuentas, pero a partir de ahí empiezan las faltas. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de La Solana, pese a la adhesión, no cuenta ni con planes de participación social en la misma ni con planes de comunicación, y Daimiel, pese a su adhesión, no ha aprobado la declaración ambiental. A partir de ahí, el Tribunal de Cuentas hace un repaso por algunos de los elementos que deberían haberse implementado no sólo como obligatorios en la Agenda 21, como los primeros, sino para que la implantación de políticas ambientales pueda tener resultados reales.
El más llamativo recogido en el informe es la ausencia de las cláusulas medioambientales en la licitación de los pliegos de contratación promovidos por los municipios. Aquí el incumplimiento es casi total en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes adheridos o no la Agenda 21, ya que sólo Socuéllamos los incluye en el periodo fiscalizado por el organismo de cuentas. Es la tarea pendiente para más municipios, pero no la única, ya que el Tribunal recoge aquellos municipios sin unidad específica de medio ambiente (Bolaños, Criptana y Socuéllamos), aquellos sin medidas de protección en su propia actividad (Criptana y Miguelturra) y aquellos que en ese año y medio no desarrollaron actuaciones de vigilancia e inspección (Alcázar, Bolaños, Criptana, Daimiel, La Solana, Miguelturra, Valdepeñas y Villarrubia).
El documento también hace un repaso por las ordenanzas particulares que deberían implantarse en los municipios para trazar una hoja de ruta ambiental, y en ese aspecto hay mucha tarea por hacer. En la administración electrónica solo Bolaños, Alcázar, Puertollano y Valdepeñas tienen texto específico; también falta en la mayoría de los municipios una acerca de radiaciones ionizantes y radiocomunicación, de protección de la flora, la fauna y los espacios naturales; y una de huertos ecológicos, entre otras. Además, señala algunas faltas en la de residuos de la construcción y demolición y en las de zonas verdes, parques y jardines. En definitiva, el Tribunal pide a los municipios un mayor esfuerzo en sus políticas medioambientales.