Las administraciones públicas se han convertido en el elemento que sustenta buena parte de la economía provincial durante la pandemia. Se trata de una situación que se viene sucediendo desde el mes de marzo, con las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo, ceses de actividad para autónomos o el resto de pagos que suele abonar el Estado, como las pensiones o las prestaciones de desempleo. Una factura que en el mes de abril, en lo peor del confinamiento, se elevó hasta los 170 millones de euros y que actualmente se sitúa en el entorno de los 125 millones. Hay que tener en cuenta que entonces el 37% de la población de la provincia recibía un pago de las administraciones, unas 183.560 personas, y el dato al cierre del año es de 160.571, el 32 por ciento, casi uno de cada tres ciudadrealeños. La diferencia es fruto del menor número de ERTE y de ayudas a autónomos, aunque con el cierre perimetral y el de la hostelería y espacios comerciales, seguramente aumentará su número cuando se conozcan los datos del mes de enero. Por otra parte se ha producido un incremento en la cifra de funcionarios, con las contrataciones efectuadas durante estos meses para paliar la crisis sanitaria.
La mayor parte de las personas que cobran de las administraciones son pensionistas, con un dato que a 1 de enero era de 99.463 ciudadrealeños, que reciben 99.366 pagos entre jubilaciones, viudedad, orfandad... La cuantía que se reparten es de 49,7 millones de euros. La cifra de pensiones es prácticamente la misma que en abril, fruto del incremento de fallecidos de más edad ocurrido en la pandemia. El segundo gran grupo son los funcionarios, con casi 31.000 personas que trabajan para las administraciones estatal, autonómica y local en la provincia, según las cifras de afiliación. El importe en sueldo es de unos 45 millones de euros, un millón más que en abril. Como tercer colectivo más numeroso aparecen los que cobran las prestaciones de desempleo, 25.095 personas, apenas 80 más de las que había en el confinamiento. Reciben casi 20 millones de euros.
A estos tres grupos, los que tradicionalmente cobran del Estado, se unen los trabajadores en Erte, 2.442 personas, 15.000 menos de las que había en abril, para los que se reservan en torno a 2,2 millones de euros. La cifra se ha reducido mucho, pero en este mes de enero todos las perspectivas apunta a que han vuelto a crecer fruto de las nuevas medidas para frenar la pandemia. De hecho, la situación es tal que hay más autónomos que reciben ayudas por cese de actividad que trabajadores por cuenta ajena. De tal modo que son 2.642 los profesionales por cuenta propia que han pedido unas ayudas y que implican unos 17 millones de euros. El dato también se ha reducido en unos 10.000 respecto a abril.
A todo esto hay que sumar los trabajadores con baja por maternidad y paternidad o las incapacidades temporales que abona también la Seguridad Social a personas en la provincia.