23 años después de una estafa de alcohol millonaria han sido juzgados los seis acusados en la Audiencia Provincial aunque la causa la ha enjuiciado la magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad    Real. Todo lo que ha rodeado a esta causa ha sido extraordinario: la trama, cantidad defraudada, número de detenidos, afectados, tiempo transcurrido y escenario donde se ha celebrado de forma excepcional el juicio. No ha sido en la sala del Juzgado de lo Penal número 3 de Ciudad Real, sino en la sala del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial por la cantidad de intervinientes y por las circunstancias derivadas del COVID-19 (distancias de seguridad y demás).

Los hechos se remontan 23 años atrás, aunque se destaparon dos años después con la detención de 20 personas en las provincias de Ciudad Real, Badajoz, Madrid, Barcelona, Tarragona y Córdoba por su presunta implicación en una red dedicada a importar alcohol ilegal sin pagar impuestos.

Al final sólo se han sentado en el banquillo seis de la veintena de detenidos al retirarse varias acusaciones.  La fiscal pide una condena de 12 años para cada uno de los encausados, que eleva a 16 el abogado del Estado. Les imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial, otros contra la Hacienda Pública y Fiscal. Aparte de las penas de prisión,  las acusaciones piden multas de más de 24 millones, 3,8 por el IVA y 19,3 por el fraude.

Juzgados 23 años después del gran fraude de alcohol - Foto: Rueda VillaverdeEl juicio quedó visto para sentencia a últimas horas de la tarde del pasado viernes tras cuatro largas sesiones. Según las acusaciones, la investigación se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil de que se estaban realizando importantes compraventas de alcohol sin que se hubiesen abonado los impuestos correspondientes. De este modo, comenzaron a investigar el destino de 115 cisternas de alcohol que, supuestamente tendrían que haber entrado en Portugal procedentes de Italia, pero que nunca cruzaron la frontera porque se desviaron a empresas vinícolas españolas. Los integrantes de la red, según las acusaciones, falsificaban los visados del documento que acompañaba a la mercancía con el fin de simular que el alcohol había pasado por la aduana portuguesa de Peniche. Sin embargo, el producto se vendía en España sin pagar impuestos, lo que permitía a los detenidos competir a precios muy bajos y conseguir pingües beneficios.

La mayoría de los detenidos eran directivos o consejeros de empresas vinícolas o de transportes radicadas en las provincias de Ciudad Real (Tomelloso, Socuéllamos), Badajoz, Madrid, Barcelona, Tarragona y Córdoba. Según la Guardia Civil habrían desviado unos tres millones de litros de alcohol que, como recogen los documentos aduaneros, tenían como origen Italia y destino Portugal.

la defensa. Los acusados niegan los cargos. El abogado Dámaso Arcediano, que defiende a uno de los encausados, alegó en su informe final que su cliente era un mero trabajador que cumplía las órdenes de los jefes de la empresa y, por tanto, invocó el eximente de obediencia debida. Y como trabajador no está sujeto a pagar el impuesto de  alcoholes. De este modo, pidió la absolución.