Castilla-La Mancha podría recibir 35 millones de euros (34.919.121,94 euruos) para el desarrollo de proyectos sociales, de inclusión o de igualdad, dentro del plan de reconstrucción europeo. La Tribuna ha tenido acceso al documento que refleja la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la distribución territorial de los fondos del Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia, y que incluye un presupuesto de 910 millones de euros para el eje de ‘Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión’, y de los que más de 730 serán ejecutados por las comunidades autónomas.

Según este documento, la región aspira a obtener el 5 por ciento de estas inversiones –35 millones–, otorgados en base a 6 criterios de reparto ya contemplados en el Plan Concertado de Servicios Sociales: Población (90%), Superficie (5%), Población dependiente (2,3%), Dispersión (1,5%), Grandes Urbes (0,7%), e Insularidad (0,5%).

Los fondos serán ejecutados por las comunidades autónomas mediante proyectos centrados en diferentes tipos de inversión, y que se desglosan en: un plan de apoyos y cuidados de larga duración «basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes», o la «incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, mediante la introducción de equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal mediante el uso de la teleasistencia avanzada, así como de cualquier otro medio tecnológico que permita la prestación de apoyos y cuidados en viviendas conectadas y entornos de cuidados inclusivos, también en el medio rural».

También inversiones en la modernización de los servicios sociales, apostando por la transformación tecnológica, proyectos piloto de innovación en este tipo de servicios, o la modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales.

Como último apartado, el documento contempla ‘España País Accesible’, en el que se incide en la accesibilidad de la Administración Pública y sus servicios, la accesibilidad en el ámbito educativo, la adaptación de puestos de trabajo accesibles, y la accesibilidad en el transporte.

Entidades locales

Las entidades locales participarán en al menos el 15% de los fondos asignados a cada comunidad autónoma, ya sea directamente o de forma compartida con la comunidad autónoma, para lo que se establecerán también convenios de colaboración en cada territorio «de acuerdo con la realidad institucional de cada caso».

En dichos convenios deberán especificarse los proyectos a los que se dirigirán estos fondos y su relación con los objetivos del eje de ‘Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión’ del Fondo de Recuperación.

Así, las comunidades deberán presentar al Ministerio los proyectos que propongan financiar en 2021, sin que la suma de los importes asignados a cada proyecto pueda superar el volumen total de recursos asignado a la comunidad autónoma, en el caso de Castilla-La Mancha los 35 millones de euros. En todo caso, los proyectos deberán corresponderse con las líneas de inversión ya citadas en los distintos apartados, siendo de obligado cumplimiento unos porcentajes mínimos: al menos un 50% para la dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración; al menos el 10% en la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados, transformación tecnológica de los servicios sociales y proyectos piloto; mismo porcentaje para odernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial; y al menos el 1,5% para el apartado de accesibilidad.

El documento del Ministerio que dirige Pablo Iglesias hace hincapié en la «eficiencia» en la gestión de los proyectos, d e manera que los proyectos presentados por las comunidades «deberán incluir hitos intermedios cuya evaluación sea posible al final del mes de junio de 2021». De esta manera, la tasa de ejecución del año 2021 «condicionará la distribución de fondos en 2022 y 2023».

No obstante, en lo relativo a la transferencia y gestión de los fondos, incluyendo la recepción de los proyectos que se proponen y su justificación posterior, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 «se relacionará únicamente con las comunidades autónomas, incluso para los proyectos incluidos en los anteriores convenios», según se cita.