La portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Mariana Boadella, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para informar sobre los asuntos más importantes resueltos en la Junta de Gobierno Local. En primer lugar, se ha aprobado la necesidad e inicio del expediente de contratación para la gestión y desarrollo, a partir del 1 de enero de 2023, de una intervención socioeducativa con adolescentes de entre 12 y 18 años del barrio del Pilar, que se encuentran en situación de riesgo. Entre las actuaciones previstas se ofrecerá apoyo escolar, educación en la calle, intervención individualizada, actividades de orientación sociolaboral, intervención familiar y actividades de participación comunitaria. El proyecto durará un año y contará con 3 educadores-trabajadores sociales.

En otro orden de cosas, se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional para la restauración de piezas arqueológicas de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedentes del Yacimiento de Alarcos. Tal y como ha explicado la portavoz, "la restauración de armamento medieval, bronces ibéricos y material cerámico la costeará el Ayuntamiento, con un presupuesto de 3.000 euros, unos objetos que proceden de dos necrópolis excavadas en el yacimiento y que se van a restaurar y exponer en el Museo de Ciudad Real".

De igual manera, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de la prestación del servicio de asistencia letrada y jurídica para el Ayuntamiento y sus organismos autónomos administrativos y demás entidades y organismos no empresariales dependientes de la Institución municipal, con exclusión de la sociedad mercantil Emuser. Se ha adjudicado a la UTE formada por Cipriano Arteche, María Moreno y Ricardo Moreno por un importe de 45.151,50 euros anuales más IVA. Un servicio para atender las necesidades del Ayuntamiento "ante los procesos civiles, penales y de contencioso-administrativo".

El martes 19 de julio tendrá lugar un pleno extraordinario para llevar a cabo la modificación de la ordenanza fiscal A-21, que permitirá la reducción del 30 por ciento en los abonos del transporte público a partir de septiembre.