El Ministerio de Justicia ha decidido quitar de un plumazo los refuerzos de magistrados en la Audiencia Provincial y en juzgados de Ciudad Real, como en el resto de la región, pese al incremento de la litigiosidad y el volumen de asuntos que registran estos órganos judiciales. Una decisión que ha caldeado los ánimos de jueces y magistrados, ya de por sí molestos por la histórica falta de personal y medios para el desempeño de su función: impartir justicia.

Hace unos días el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, en una entrevista concedida a La Tribuna, advertía de que no se van a poder cubrir los juzgados ya creados por la falta de jueces sin barruntar lo que se venía encima.

La ministra Pilar Llop ha dispuesto no renovar los refuerzos de jueces y magistrados alegando «motivos presupuestarios». Se trata del mayor recorte de medidas de apoyo de los últimos 15 años en la historia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cuya respuesta no se ha hecho esperar. La Sala de Gobierno del TSJ traslada su «malestar y firme protesta» por la decisión del Ministerio de Justicia de recortar la práctica totalidad de los refuerzos que funcionaban en juzgados y tribunales de cuatro provincias de la región: Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. En Ciudad Real afecta, principalmente, a la Audiencia Provincial, sobrecargada por los recursos de apelación, cláusulas suelo y demás, y a los juzgados de lo Social que tienen la competencia para toda la provincia. La jurisdicción Social es muy sensible y registra una gran litigiosidad por los despidos y asuntos relacionados con incapacidades por enfermedad. Según el último informe del propio Consejo General del Poder Judicial, acumula más de 2.600 asuntos pendientes de resolución, 200 más de los que había hace un año.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cuenta con la «peor ratio de jueces por habitantes de toda España», con una pendencia y atraso endémico por la falta de medios y sobrecarga de trabajo. A ello se suma la alta tasa de interinidad de funcionarios de la Administración de Justicia.

La Sala de Gobierno del TSJ ha informado de la situación en las cuatro provincias afectadas, del colapso que va a generar la decisión del Ministerio de Pilar Llop con el consiguiente quebranto para los usuarios de este servicio público.

Debería haber un clamor social, decía en una reciente entrevista concedida a La Tribuna el juez decano de Ciudad Real, Antonio Moreno de la Santa. Recordaba que en general todos los juzgados tienen una excesiva carga de trabajo y en casi todos se necesitan más medios. Los tres juzgados de lo Social están sobrecargados a consecuencia de la crisis económica y sanitaria por el coronavirus. «Tienen un refuerzo, pero considero que se debería crear el cuarto juzgado de lo Social. Están señalando a un año vista», afirmó entonces. Ahora se van a quedar sin el refuerzo.

En Castilla-La Mancha el déficit es «histórico» y apremiante ampliar la plantilla, decía el presidente Rouco tras indicar que el octavo Juzgado mixto de Ciudad Real se ha creado en papel BOE (entrará en funcionamiento a últimos de año), tras diez años desérticos en creación de juzgados. Rouco pide que se reconsidere la decisión.