Abogados defensores han solicitado a la Audiencia Provincial de Ciudad Real hasta siete revisiones de condena para sus clientes y han pedido una reducción de la pena impuesta basándose en la ley del 'solo sí es sí'. Se trata de cinco peticiones en la sección primera y dos en la segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Las mismas fuentes avanzaron que no hay intención de celebrar una reunión en la Audiencia para revisar condenas de oficio, como han hecho otras audiencias. Aparte de estas peticiones puede haber bastantes más, ya que algunos casos de agresiones y abusos, los menos graves, se han visto en los juzgados de lo penal y serán estos los que deben pronunciarse.
En este sentido, Ramón Alen es uno de los abogados que ha pedido revisiones de condena en la Audiencia, como también lo ha hecho en juzgados de lo Penal. Ha solicitado dos revisiones. Una se trata de una condena de 2018 y en el que el cliente le ha encargado su revisión tras una pena de 10 años. «En estos momentos, a tenor del tipo básico y la cuantía de pena mínima, podría ir a los cuatro y salir en libertad, algo que veremos en los próximos días». El caso en el juzgado de lo Penal se encuentra en el número 2 y es un intento de abuso sexual, en el que hubo una condena de dos años y medio. Se trata de un condenado que aún no ha entrado en prisión y para el que se pide la revisión, al considerar que la pena podría ser de unos meses y eludir la cárcel. Las dos agresiones se produjeron en el ámbito de la pareja, las víctimas eran exparejas. El primero ocurrió tras un encuentro en una discoteca y Alen considera que hubo rigor en la sanción penal. De hecho, avanzó que peleará primero la revisión en la Audiencia y si es necesario acudirá al Tribunal Supremo para ver «qué criterios adoptan».
«En ambos casos deberían prosperar las revisiones si nos atenemos a la interpretación que se ha hecho de la ley en 50 años de nuestro Estado democrático, social y de derecho», indicó el abogado, quien recuerda que siempre se ha tomado en consideración la legislación más favorable. También recordó que la intención es garantizar la defensa y su objetivo es «agotar todas las posibilidades, que es el rol que tenemos los abogados».
Por parte de la Fiscalía, fuentes consultadas, expusieron que son ya tres las solicitudes que han recibido y en las tres ha informado negativamente al considerar que las penas que se impusieron en base a preceptos derogados también se pueden aplicar con la nueva regulación. Se trata de informes que están pendientes ahora de resolución por parte de la Audiencia Provincial.
«En 50 años no se han cuestionado esos principios»
Ramón Alén recordó que las solicitudes de revisión de pena se enmarcan dentro de los artículos 9.3 y 24 de la Constitución que indican 'la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables' y el derecho a la tutela efectiva. «Los tribunales a instancia o de oficio, si se abre un horizonte normativo más favorable, tienen que hacer una función revisora y adecuar la normativa más favorable al reo estando en el estado que esté», dijo. A la Carta Magna, Alén suma el artículo 2 del Código Penal que indica que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo. Con estos aspectos, el abogado habló de «falta de sensibilidad» al criticar a los jueces por aspectos que «son de principios de derecho». «En más de 50 años que llevo en contacto con derecho penal jamás se han cuestionado esos principios básicos de un estado moderno», dijo Alén, como muestra de lo que está ocurriendo.