La labor de acogida y de acompañamiento que desarrolla Cáritas Diocesana permitió atender el año pasado a 7.993 personas, si bien su impacto en términos de beneficiarios llegó a muchos más, casi 20.000 personas en la provincia. Así lo dio a conocer ayer el secretario general de Cáritas de Ciudad Real, Ángel Ruiz-Moyano, quien, junto a la presidenta, Concepción Aranguren, hizo balance de la memoria de actividad en una rueda de prensa en la que también estuvo presente el obispo de la Diócesis, Gerardo Melgar, quien recordó que Cáritas celebra el 75 aniversario del nacimiento de la fundación como institución de la Iglesia y lo hace con el lema 'Somos lo que damos, somos amor'.
El número de atenciones se ha reducido en relación con las desarrolladas por Cáritas en 2020, cuando se cifraron en 9.080 en un año que estuvo marcado por las graves consecuencias de la pandemia, lo que hizo que muchas familias acudieron por primera vez para recibir ayuda y ya, gracias a la mejoría de la situación, no necesitan estos recursos, del mismo modo que el descenso también se debe, indicaron, a la labor también de otras ONG o instituciones y la mayor implicación de administraciones.
El total de ayudas prestadas el ejercicio pasado por Cáritas fue de 16.647, «ayudas dirigidas a cubrir gastos principalmente de alimentación, higiene y ropa, aunque también se han destinado recursos al pago de ayudas para la vivienda o gastos sanitarios».
Además, realizaron 9.341 acciones de información y orientación y se realizaron 2.070 derivaciones a otros recursos, principalmente a los servicios sociales municipales. Del total de personas atendidas, prosiguió, «el 60% son inmigrantes, de las cuales casi el 25% están en situación administrativa irregular. Más del 54% son mujeres y 1.179 del total llegaron por primera vez a Cáritas», detalló Ruiz-Moyano, al tiempo que habló también de los programas de inclusión que desarrollan, que llegaron a 654 personas sin hogar, o programas frente a las drogas, con 265 atendidas. Por último, se refirió a la atención a 1.029 personas temporeras o la distribución de unas 70 tarjetas monedero que persigue que los propios solicitantes de ayuda puedan elegir a qué gastos la destinan.