Un total de 13 ayuntamientos de Ciudad Real, de todos los tamaños y colores políticos, se saltaron las medidas de control establecidas por el Ministerio de Hacienda en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida popularmente como ‘Ley Montoro’, durante el ejercicio económico de 2018. Según los datos hechos públicos por el departamento que dirige en funciones María Jesús Montero, tres municipios incumplieron el objetivo de estabilidad y 13 quebrantaron la regla de gasto. Tres ayuntamientos ciudadrealeños no pudieron ajustar sus cuentas a ambos dictados del Gobierno central: Campo de Criptana, Cabezarrubias del Puerto y Ruidera. Por su parte, Viso del Marqués, Villarrubia de los Ojos, Valdepeñas, Torralba de Calatrava, Santa Cruz de Mudela, Piedrabuena, Porzuna, Miguelturra, Fuente el Fresno y la capital no cumplieron con la regla de gasto. Una cifra que se puede incrementar en los próximos meses, puesto que 50 municipios, prácticamente la mitad de la provincia, no ha remitido aún a Hacienda o no ha firmado (a fecha 22 de julio) la liquidación del presupuesto de 2018 y la información que requiere la normativa de estabilidad presupuestaria. El último control realizado por el Ejecutivo central data del 14 de febrero de 2019 y hace referencia a los situación económica de los ayuntamientos en el ejercicio de 2017. En esa ocasión fueron 12 ayuntamientos incumplidores, de los que dos vuelven ahora a repetir: Campo de Criptana y Ruidera. Con el objetivo de estabilidad, el Ministerio de Hacienda pretende que las administraciones públicas cierren cada ejercicio con un equilibrio en sus finanzas, es decir, que no incurran en déficit al haber más gastos que ingresos. Un escenario muy habitual en tiempos de bonanza económica y que tuvo graves consecuencias cuando estalló la crisis. En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, fija los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes. Esto es así tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. En el conjunto de la provincia de Ciudad Real, el Ayuntamiento que más desvió su resultado en este apartado fue Campo de Criptana, con un resultado de 660.000 euros en negativo. Le siguieron los consistorios de Piedrabuena (-358.753 euros), Ruidera (-44.932 euros) y Cabezarrubias del Puerto (-1.463 euros). En lo que la regla de gasto se refiere, se trata de una herramienta que sirve para limitar las previsiones de gasto de las entidades públicas. Para ello, el Gobierno central fija anualmente un tope en los Presupuestos Generales del Estado a todas las administraciones para que no incrementen sus cuentas en periodos de bonanzas o sean excesivamente optimistas en periodos de recesión. Muchas administraciones, sobre todo los municipios más pequeños, se quejan de que este instrumento coarta sus presupuestos y pone en riesgo la prestación de servicios a los vecinos. Hace unas semanas, de hecho, el Ministerio de Hacienda se comprometió con la Federación Española de Municipios y Provincias  a discutir una posible flexibilización de la regla de gasto para permitir que las entidades locales puedan destinar parte de su superávit a la financiación de servicios públicos.