El Consejo de Ministros acaba de aprobar un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario con el objetivo de reducir el volumen de alimentos que acaban en la basura en toda la cadena alimentaria, pasando por los establecimientos de venta y la hostelería, y que contempla multas de hasta 500.000 euros. Esta iniciativa del Gobierno no ha hecho más que comenzar su trámite parlamentario, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2023.
Una de las medidas principales que contempla esta futura ley es la obligación a los negocios de hostelería de informar y facilitar al cliente que pueda llevarse a casa, sin coste adicional alguno, los alimentos que no hayan consumido, por lo que deberán disponer de envases aptos y que sean reciclables. Una medida «positiva» para José Crespo, presidente de la Federación Regional de Hostelería y Turismo, que sin embargo ve como «excesivas» las sanciones que se proponen. «Parece que nos miran a los hosteleros como si tuviéramos mala intención», lamenta el propietario del restaurante Casa Pepe, en Carrión.
«Los hosteleros somos los que mejor sabemos optimizar la alimentación para que sobre lo menos posible», recuerda Crespo. Por lo demás, aplaude el proyecto de ley, que también ayudará a normalizar una práctica que «llevamos haciendo años», como es ofrecer al cliente que se lleve a casa lo que no se ha podido comer del plato. Es más, «para nosotros es un orgullo que lo haga».
Son muchos los establecimientos para los que la ya conocida popularmente como la 'ley del táper' no implicará un cambio radical en su funcionamiento diario, puesto que ya estaban ofreciendo e informando de esa posibilidad a sus clientes, como es el caso de Miami Gastro. «Aquí ya lo hacíamos y lo seguiremos haciendo. Cuando vemos que el cliente se ha dejado una buena parte de la comida le ofrecemos que se la lleve a casa envasada», explica Carmen Macías, que confiesa que en alguna ocasión «el cliente nos mira un poco raro» cuando se les ofrece que se lleve sus sobras. Por ello, esta nueva ley contribuirá a normalizar este tipo de situaciones, además de reducir la cantidad de comida que se tira a la basura, lo que a Carmen Macías le provoca «una pena terrible».
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona.
«Es un paso adelante para el Banco de Alimentos»
Este proyecto de ley contra el desperdicio alimentario regula la prioridad de destinar las mermas o sobrantes al consumo humano a través de donación o redistribución a empresas, entidades sociales sin ánimo de lucro y bancos de alimentos, y hacerlo mediante acuerdos concretos. Una medida que recibe con satisfacción el Banco de Alimentos de Ciudad Real, que agradece al Consejo de Ministros «que se nos considere como agentes receptores», en palabras de su tesorero, Juan Amador, para el que esta iniciativa supone «un paso adelante». Y es que pensar en los kilos de alimentos y comida utilizable que acaban en la basura resulta «muy desalentador», y más en una situación de crisis y con los precios de la bolsa de la compra cada vez más elevados. Por su parte, los bancos de alimentos deberán garantizar la trazabilidad de las donaciones mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos.