Unas 800 personas de la provincia de Ciudad Real se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (Rgiaj), un trámite administrativo desde el que se puede tratar a cualquier jugador adicto. Ciudad Real es, con Toledo, la provincia de Castilla-La Mancha en la que más personas se han prohibido el acceso a los juegos online, con un crecimiento exponencial en los últimos años, con un centenar de personas que han pedido su registro.
Se trata de una medida que no solo tiene implicaciones en el mundo físico, ya que la prohibición se expande al mundo virtual. Los jugadores no pueden acceder a las plataformas de apuestas o participar en juegos online. La medida ha ganado en efectividad además gracias a algunos cambios incluidos dentro de la ley del Juego de Castilla-La Mancha. La policía puede controlar el acceso a estos espacios y pedir un listado de las personas que han entrado en un establecimiento. También se ha hecho más efectiva, fruto de un acuerdo con algunas de las entidades que conceden microcréditos, de tal modo que al pedir un préstamo tampoco se los conceden a quienes están en este registro.
La clave detrás de todo es la interconexión de los archivos y la necesidad de aportar un DNI en cada acceso a un espacio de juego o pedir un préstamo. «Si tienes autoprohibición, no puedes acceder a nada, ni a ningún sitio, ni a la página web, donde sale la autoprohibición y no dejan continuar», comentó el presidente regional de Larcama, José Alberto Ortega. De hecho, las multas en Castilla-La Mancha han aumentado con la nueva ley, lo que hace que sea casi imposible el acceso.
Una muestra de que la autoprohibición es clave en el proceso es que, durante un tiempo, los fabricantes de máquinas tragaperras se plantearon incluirla. Plantearon un sistema que obligaba a introducir un DNI en la máquina antes de echar monedas. La medida quedó en el olvido por el coste y el cambio de hábitos, pero muestra su efectividad.
Con todo, «se autoprohíben pocas personas en España», explicaron desde la asociación de ludópatas. Hay unas 60.000 inscritas, cuando los datos de Larcama marcan que hay unas 90.000 personas en atención en todo el país.
Publicidad y jóvenes.
Además de esa obligación de enseñar el DNI en el acceso a las salas, un segundo aspecto de control es que se las salas solo se pueden anunciar con su nombre. «No pueden incluir leyendas como salones de juego, ni tampoco carteles que anuncian ofertas», señaló el secretario de Larcama, Julián Larrañeta. Se trata de un cambio clave porque Larcama explica que mientras dure la moratoria, habrá salas de apuestas cerca de colegios e institutos.
Por este motivo pidió una mayor vigilancia de estos espacios, a las fuerzas de seguridad, porque considera que en la hora del recreo de los institutos hay muchos chicos jóvenes que rondan en estos espacios, así como en los locales de la calle Calatrava. «Está mal controlado este tema», expuso, ya que la entidad señala que hay menores que piden a mayores de edad que hagan una apuesta por ellos y se repartan las «ganancias» después. Se trata de una situación compartida en el mundo físico y en el virtual.
En este sentido, Larcama recordó los problemas que puede haber cuando alguien use el DNI de otro para acceder a los juegos. Se trata de usurpación de la identidad de otra persona, un delito tipificado como tal en el código penal.