Un gestor de Villarrubia de los Ojos se enfrenta a una pena de 5 años y seis meses de cárcel por estafar a varias familias de este municipio ciudadrealeño entre los años 2011 y 2016, con la cooperación de su mujer y de su hija, para quienes la fiscalía pide algo más de 4 años de cárcel.

La Audiencia provincial de Ciudad Real les juzgará a los tres a partir del próximo día 13 de diciembre, después de que el ministerio fiscal les considere, a él autor de los delitos de estafa agravada, apropiación indebida y falsedad documental; y a su mujer y su hija, cooperadoras necesarias.

Según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Efe, el acusado, P.V.G.G., de profesión economista, era dueño de una gestoría en Villarrubia, donde fue el responsable exclusivo de la entidad aseguradora Helvetia entre noviembre de 2012 y febrero de 2016.

En dicha gestoría también desempeñaban funciones su mujer, M.A.R.H.P., como agente colaborador de la entidad Banesto, absorbida por el Banco Popular, concretamente hasta el año 2010, y la hija de ambos, M.A.G.R.H., que junto a su padre, ejercía funciones en la gestoría, si bien como auxiliar externo de la agencia mediadora Amsur S.A que mediaba en la gestión de pólizas emitidas por la entidad aseguradora Seguros Santa Lucía.

La hija, asegura la fiscalía, tenía acceso a toda la documentación relativa a las gestiones realizadas por su padre y era conocedora y partícipe, al igual que su madre, de las actividades del padre.

Dentro de las labores propias de la gestoría y captación de clientes ahorradores para las mercantiles para las que desempeñaban sus servicios, y aprovechando la buena reputación social con la que contaba la familia en la localidad, amparados por la cobertura jurídica que ofrecían dichas mercantiles, los acusados simularon contratar pólizas y productos financieros a particulares ahorradores, ofreciendo productos inexistentes o muy beneficiosos con tipos de interés entre un 4 % o 5 %.

Así mismo, sostiene la fiscalía que rescataban productos realmente contratados de forma ilícita para beneficio propio, utilizando los impresos de las entidades Helvetía, Seguros Santa Lucía, o Banco Popular, o presentándose como agente financiero de Santa Lucía, Helvetía o BBVA, para facilitar las transacciones.

Así entre los años 2011 a 2016 llevaron a cabo distintas actuaciones que habrían supuesto un perjuicio económico para las familias cercano a los 900.000 euros.

Además de las penas de cárcel para los acusados, el ministerio fiscal pide que se reembolse con distintas cantidades a las familias de este municipio que fueron estafadas