El 17 de febrero de 1995 y después de cuatro horas y media de declaración, el por entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó el ingreso en prisión incondicional comunicada y sin fianza de Rafael Vera, número dos del Ministerio del Interior y responsable de la lucha antiterrorista durante nueve años con los ministros socialistas José Barrionuevo y José Luis Corcuera. Salvo Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya, ningún dirigente político había ingresado hasta entonces en prisión por su relación con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), a pesar de las informaciones periodísticas que enmarcaban las acciones de esa organización en una guerra sucia del Estado contra ETA. Un caso que hizo temblar los cimientos del Gobierno y que tuvo mucho que ver en la caída electoral que desalojaría al PSOE del poder en 1996, tras 14 años al frente de La Moncloa.
Aunque todo acaba por explotar políticamente hace 25 años, el inicio del relato se sitúa realmente en los años 80, ya con los socialistas en el poder, según resaltan las sentencias de las causas que fueron juzgadas en relación con los GAL (caso Marey, caso Amedo, caso Laza y Zabala...). España vivía los llamados años de plomo, con ETA matando casi cada día a militares, guardias civiles y policías, sus primeros objetivos antes de poner en marcha aquella estrategia de socializar el dolor por la que se convirtieron en objetivos terroristas políticos, periodistas e, incluso, ciudadanos de a pie, como ocurrió en el atentado de Hipercor en Barcelona. En paralelo, las detenciones de etarras llegaban con cuentagotas, con el sur de Francia como santuario para el resguardo de los asesinos, debido a la nula colaboración entre los Gobiernos de ambos países y por la consideración en suelo galo de los pistoleros como luchadores antifranquistas.
Aunque nada justifica la utilización de la violencia y las prácticas ilegales para tratar de acabar con ETA, el caldo de cultivo para el auge de un posible terrorismo de Estado (ya habían actuado con aterioridad algunos grupos paramilitares contra ETA sin que se pudiera probar su relación con el Gobierno de turno) era más que evidente, con una democracia aún en pañales después de la dictadura, con mercenarios que habían formado parte de los escuadrones de la muerte tardo franquistas buscando nueva ocupación, unas Fuerzas de Seguridad clamando justicia por sus muertos, algunos medios reaccionarios jaleando la guerra sucia y una gran parte de la ciudadanía dispuesta a mirar hacia otro lado.
Según los autos judiciales, el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y el secuestro de Segundo Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL, que acabaría cuatro años más tarde con 27 asesinatos reconocidos. Actos que fueron "financiados con los Fondos Reservados y amparados desde el Ministerio del Interior", como reza en las sentencias.
Investigación periodística
Además de suponer el inicio de la actividad criminal del GAL, las muertes de Lasa y Zabala son el punto de comienzo de la investigación periodística que fue clave para descubrir la trama de terrorismo de Estado que se encontraba detrás de las acciones contra terroristas y miembros de la izquierda abertzale. Los reporteros Ricardo Arques, Juan Carlos Urrutxurtu y Andoni Ortuzar fueron quienes publicaron las primeras informaciones en el periódico vasco Deia. Sin embargo, fueron Diario 16 primero, y El Mundo después, los medios que pusieron contra las cuerdas al Gobierno con sus reportajes sobre el terrorismo de Estado.
Con la base de estas publicaciones y la detención de unos mercenarios portugueses que aseguran trabajar a las órdenes de la Policía española para "atentar contra etarras", Baltasar Garzón, juez estrella de la Audiencia Nacional, se pone al frente de la investigación judicial en torno a los GAL. El primer caso que sentaría a los implicados en el banquillo fue el del secuestro en 1983 de Segundo Marey que, en primera instancia, acabaría en 1988 con la condena de los policías José Amedo y Michel Domínguez. El Gobierno, mientras, negaba cualquier implicación en la lucha sucia contra ETA y lo limitaba a una cuestión de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad.
Las informaciones seguían saliendo en la prensa, pero las pruebas y los testimonios en sede judicial no permitían actuar contra los dirigentes políticos hasta que Amedo y Domínguez volvieron a declarar, casi un lustro después y coincidiendo también con el escándalo de los fondos reservados y el entonces presidente de la Guardia Civil Luis Roldán. Así, en diciembre de 1994 Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya durante el secuestro de Segundo Marey, fue encarcelado y acusado de asesinato frustrado, detención ilegal y malversación de fondos públicos. Varios mandos policiales que trabajaban en el País Vasco también acabaron entre rejas.
A partir de ahí, cayó la considerada cúpula de los GAL. Primero, hace ahora 25 años, Rafael Vera, y después su jefe, el ministro del Interior José Barrionuevo. Ambos fueron condenados por su implicación en la lucha sucia contra ETA, aunque tanto ellos como el PSOE siempre defendieron su inocencia. De hecho, gran parte del Gobierno socialista acudió a despedir a sus compañeros a las puertas de prisión cuando Garzón decretó su entrada en la cárcel. Así, la especulación en torno al grado de conocimiento y participación del Ejecutivo en las actuaciones ilegales jugaron un factor determinante en la derrota de Felipe González (la eteran supuesta X del caso) durante las elecciones generales de 1996.
Con sus mismas armas
Aunque los GAL sea el grupo implicado en la guerra sucia contra el terrorismo más conocido, por haberse demostrado la implicación del cúpula de la Seguridad del Estado de los primeros Gobiernos socialistas de Felipe González, no ha sido el único que ha intentado plantar cara al terrorismo con sus mismas armas. De hecho, diversas investigaciones aseguran que la guerra sucia contra ETA comenzó a formarse tras el asesinato del por entonces presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, que murió en un atentado en Madrid el 20 de diciembre de 1973.
Los expertos que mantienen esta tesis consideran que las primeras vidas que se cobraron estos comandos fueron las del etarra Juan José Etxabe y su esposa, Rosario Arregui, que fueron tiroteados el 2 de julio de 1978 cuando salían de un bar de San Juan de Luz en el que solían reunirse los terroristas refugiados en Francia. La Alianza Apostólica Anticomunista, conocida como la Triple A, reivindicó aquel acto. Un informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco de 2010 le atribuye a esta organización de extrema derecha ocho asesinatos de las 66 víctimas mortales que se cobró la lucha sucia desarrollada entre 1975 y 1990
Otro de los grupos que actuó en aquella época, y que está considerado como el germen de los GAL, fue el Batallón Vasco Español que, según el mismo informe, provocó un total de 18 víctimas mortales. Los atentados de este grupo, del que formaban parte sicarios que ya participaron en los escuadrones de la muerte franceses durante la Guerra de Independencia de Argelia, fueron los más salvajes, tanto por su ejecución como por los nombres de los fallecidos. Por ejemplo, este comando de extrema derecha fue responsable de la muerte de Argala, fundador y dirigente de ETA-militar, al que asesinaron con una bomba lampa en el coche; de Korta, uno de los principales instructores de los comandos legales de la banda de pistoleros; o de Ana Teresa Barrueta y María José Bravo, que fueron torturadas, violadas y asesinadas.
Antiterrorismo ETA (ATE) o Acción Nacional Española (ANE) son otros comandos que, en aquellos primeros años de democracia, utilizaron la violencia no solo contra etarras, sino también contra miembros de la izquierda abertzale o de formaciones comunistas como el Partido Socialista de los Trabajadores. Nunca se demostró, al contrario que ocurrió con los GAL, que los Gobiernos de turno estuvieran detrás de las acciones de estos grupos. Sin embargo, el antes citado informe de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco asegura que estos comandos "actuaban con un importante nivel de tolerancia, cuando no de complicidad con importantes sectores de los aparatos policiales y políticos de la época".