La eventual reforma de la malversación obligaría a revisar, según el principio de retroactividad a favor del reo, las condenas dictadas para estudiar los efectos del cambio, que podrían ir desde una rebaja de las penas para este mismo delito al encaje de los hechos delictivos en otros tipos, como los de apropiación indebida o administración desleal. Unas modificaciones que afectarían, entre otros, a una decena de líderes independentistas, entre ellos al que fuera número dos del Govern Oriol Junqueras, pero también a los condenados por los ERE, incluido el expresidente andaluz José Antonio Griñán.
Líderes del procés
Entre los directamente beneficiados por la eventual reforma estarían los cuatro líderes independentistas condenados por el Supremo por sedición, pero también por malversación: Junqueras, que recibió 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación; y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sentenciados a 12 años de prisión y de inhabilitación.
En su caso, las penas de cárcel les fueron indultadas, pero siguen vigentes las de inhabilitación, que habrá que revisar igualmente si las Cortes Generales aprueban la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de eliminar la sedición para crear un nuevo tipo de «desórdenes públicos agravados».
Además de los ya condenados, la reforma de la malversación afectaría al expresident Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos huidos pero reclamados por el instructor del procés, Pablo Llarena, por este delito y el de sedición.
ERE andaluces
También podría verse beneficiada una decena de personas que fueron condenadas por la gestión de los ERE de Andalucía, incluido Griñán. El pasado septiembre, el Supremo confirmó para ellos penas de prisión de hasta siete años y 11 meses de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos.
Junto a Griñán, constan los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano. El Alto Tribunal ratificó la tesis de que eran conocedores o conscientes del «sistema ilegal» implantado para conceder los fondos.
'Caso Noos'
Otros que podrían verse agraciados con la medida serían el que fuera duque de Palma y expresidente del Instituto Noos Iñaki Urdangarín, sobre quien pesa una condena de cinco años y 10 de prisión -y siete años y seis meses de inhabilitación absoluta- por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con malversación, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.
Urdangarín, desde junio de 2021, tiene permiso de Instituciones Penitenciarias para acudir solo un día por semana a la cárcel de Zaballa (Álava) gracias a la modalidad de control telemático por el que cumple el tramo final de su condena en semilibertad, una decisión que se suma a la autorización judicial para poder salir de España por motivo laboral.
'Trama Gürtel'
Al tratarse de la modificación de un delito clave en la lucha contra la corrupción, cualquier cambio impactará de lleno en macrocausas como Gürtel, Púnica o Lezo.
Así, la revisión afectaría igualmente a los 13 condenados por malversación en la sentencia de la Audiencia Nacional por la conocida como Época I de Gürtel. Entre los beneficiados se encontrarían el cabecilla de la trama, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; o el denunciante de Gürtel José Luis Peñas.
'Lezo y Púnica'
En lo relativo al caso Lezo, ese cambió podría afectar a quienes serán juzgados a partir del 24 de mayo en el primer juicio de esta causa, que se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un «sobreprecio» a costa de las arcas públicas. Entre los acusados que podrían verse beneficiados se encuentran los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.
Siguiendo con causas de corrupción, la reforma también afectaría al fallo que se dictará una vez concluya el juicio por las presuntas actuaciones de Púnica en León que arrancó la pasada semana en la Audiencia Nacional y que sienta en el banquillo de los acusados al supuesto conseguidor de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, así como a dos excargos del PP en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez.