Desde que llegase al Gobierno en diciembre de 2010, la primera presidenta en la Historia de Brasil, Dilma Rousseff, ha estado involucrada en temas de corrupción, si bien al principio de su mandato la presión de la oposición se ceñía al Partido de los Trabajadores (PT) y a su predecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, ya que la dirigente era considerada una «marioneta» de su mentor. Es más, durante su primer año en el cargo, siete ministros renunciaron por presión de la Presidencia al estar relacionados con escándalos de fraude. Sin embargo, el paso del tiempo no solo ha dado más autonomía y poder, sino también le ha supuesto más detractores, que ahora le han puesto en la cuerda floja  y le han dejado al borde de la destitución.

Si bien sus primeros años en el Ejecutivo supusieron una continuación del legado de Lula, los primeros problemas a los que se enfrentó Rousseff llegaron en 2013, con protestas por todo el país principalmente por el aumento de los precios del transporte público y por el volumen del gasto estatal en la celebración de la Copa Confederaciones de ese año, unas manifestaciones que se prolongarían hasta 2014, cuando la nación carioca acogió el Mundial de fútbol.

Comenzaban los problemas para la economista, que se jugaba la reelección en diciembre ese año, consiguiéndola, pero con un panorama, cuanto menos, complicado: un Gobierno formado por una coalición de nueve partidos. 

Según afirman sus detractores y confirman sus aliados, la propia mandataria, de 68 años, ha sido quien ha puesto algunas de las piedras que han hecho de su segunda legislatura «un vía crucis».

Dueña de un carácter incompasible, sin la diplomacia necesaria para fomentar las relaciones entre el Gabinete y el Parlamento, su reticencia a sentarse a negociar, incluso algunos destellos de soberbia, le han hecho perder, en apenas un año y cuatro meses, buena parte de sus aliados.

Así quedó reflejado hace hoy una semana. La confederación gubernamental con la que juró el cargo el 1 de enero de 2015 sumaba 306 diputados. El pasado domingo, solo 137 votaron en contra de abrirle un juicio político que ahora tendrá que ser ratificado por el Senado en un plazo que se estima de unos 15 días.

Desde el PT culpan a la afectada de esa situación y la atribuyen a una represalia de sus exsocios por la forma en que los ha tratado durante su coalición debido, precisamente, a ese carácter tan censurado.

Y las críticas contra la mandataria por parte de su propia formación no se ciñen al terreno personal. Principalmente, se centran en la política económica llevada a cabo por el Gobierno, que, para colmo de males, ha hundido al país en una recesión histórica.

Precisamente, en un intento por mostrar un equilibrio fiscal perdido desde hacía tiempo, la mandataria incurrió en maniobras contables, conocidas como pedaladas fiscales, por las cuales maquilló las partidas presupuestarias y el déficit de 2014 y 2015. Una actuación que ha llevado a la petición del impeachment.

 

Conspiración. La acusación central se basa en que violó la legislación, mientras que la presidenta censura que no su proceder no encaja en el supuesto de hecho «grave» que recoge la Constitución para iniciar el procedimiento que se cierne sobre ella, remarcando que existe una «conspiración» y un intento de golpe de Estado.

Para Rousseff, los principales culpables tienen dos nombres propios: Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja, y Michel Temer, vicepresidente, ambos del opositor PMDB.

El primero, enemigo declarado de la dirigente, contribuyó a aumentar el déficit aprobando un aumento de los salarios públicos y boicoteando la creación de nuevos impuestos. Fue él quien acogió la petición de impeachment en el Parlamento después de que el PT diera su aval a la apertura de un proceso en su contra por delitos de corrupción vinculados al caso Petrobras.

Mientras el país se divide entre quienes creen que es justo destituir a la presidenta y los que sostienen que es una injusticia y respaldan la teoría del golpe de Estado, Rousseff se mantiene firme y se niega a renunciar, llegando a tildar de movimiento «machista» el proceso emprendido en su contra.

Luchadora incansable, la mandataria sabe de batallas, tanto en las trincheras de la guerrilla VAR Palmares, con la que luchó contra el régimen militar en la década de los 70 -pasó tres años en prisión por su activismo-, como en la vida, en la que ha tenido que batallar contra un cáncer linfático del que salió victoriosa en 2009.

Ahora, tendrá que lidiar con una posible destitución que acabaría con su mandato dos años antes de lo previsto y que se decidirá a medidados de mayo, , previsiblemente, el 10 o el 11.