El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, que hasta ahora no contaban con una normativa nacional que regulase su ordenación sectorial, como sí ocurre con otros segmentos ganaderos como el porcino o el aviar. Este nuevo real decreto permite establecer las bases para el desarrollo de la actividad de este sector en los próximos años, integrando los principales retos a los que se enfrenta en materia de bienestar animal, de bioseguridad y medioambiental, y apostando decididamente por un modelo de ganadería familiar.

El sector bovino ocupa la segunda posición por detrás del porcino en cuanto a importancia económica de las producciones ganaderas. La leche y carne de vacuno representa más del 30% de la producción final ganadera en España. Con el objetivo de conseguir un desarrollo armónico del sector, basado en la sostenibilidad en todas sus acepciones y el mantenimiento del tejido productivo en el medio rural, evitando la deslocalización, se establece una capacidad máxima para las granjas de nueva instalación establecida en 850 unidades de ganado (el equivalente a unas 725 vacas de leche, por ejemplo).

Algunas organizaciones agrarias consideraron excesiva esta cifra desde el principio de la tramitación de la norma, aduciendo que, si lo que se pretende es proteger la ganadería familiar, no tiene sentido permitir un número tan alto de animales. Por su parte, la organización ecologista Greenpeace se ha congratulado por la norma, que supone la imposibilidad de instalar explotaciones de grandes dimensiones. De hecho, dan por supuesto que este real decreto imposibilitará la construcción de la granja de Noviercas (Soria) que se estaba proyectada para 23.520 animales, aunque la realidad es que el estado de los trámites de esta instalación no garantiza que la nueva normativa le vaya a afectar y el Gobierno no se ha pronunciado.