Las dos principales formaciones políticas españolas han retornado a la senda de los acuerdos y lo hacen para renovar dos de los órganos que más liberados debieran estar de la mano de la acción política: el de la Justicia está en camino y el de la televisión pública ya está aceptado. No cabe duda de que es bueno para España que PSOE y PP recuperen la sintonía y tiendan puentes para el entendimiento después de muchos y largos periodos de tensiones que solo han servido para alentar extremismos, pero no resulta para nada edificante que la primera vez en la que vuelven a caminar de la mano tras mucho tiempo sea para estos asuntos. La prueba del error, más allá de que el resto de partidos del arco parlamentario se hayan lanzado a reprochar su connivencia, es que tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el ente público RTVE han surgido voces críticas con estas negociaciones.

España necesita un órgano de gestión de la Justicia en el que sus principales actores no dependan de la afinidad política, por muy independientes que después puedan demostrar ser los magistrados a la hora de realizar su trabajo. Este tipo de pactos solo conducen a que en el conjunto de la ciudadanía continúe extendida, con razón, una sombra de dudas que no es buena para la credibilidad de un sistema judicial que, precisamente, requiere de la máxima confianza de los ciudadanos en cuanto a su independencia. También en la televisión pública se precisaba un acuerdo para establecer una nueva dirección, dando relevo a Rosa María Mateo, que asumió en julio de 2018 la gestión del ente como administradora provisional y que por errores propios y ajenos va a abandonar el cargo con su prestigio profesional, forjado durante décadas como una de las periodistas de referencia de la Transición, hecho jirones. Su sustituto va a necesitar trabajar mucho y con denodado empeño para que RTVE recupere la credibilidad y la pluralidad perdida, factores imprescindibles para una sociedad bien informada.

Los acuerdos entre socialistas y populares son necesarios, indispensables, pero han de construirse en muchos más ámbitos que en el judicial y en el del ente público. Y, sobre todo, por interés general y no por conveniencia propia, como parece en estos casos. No es de extrañar, por tanto, que ante tales pactos se haya reaccionado con quejas. Además, no deja de causar extrañeza que el PP haya aceptado el papel de Podemos a la hora de elegir miembros de la dirección de RTVE y bloquee cualquier propuesta del partido que gobierna para el CGPJ. Cierto es que la Justicia es una base fundamental de nuestro Estado de Derecho, pero Podemos es, desde el prisma popular, el mismo partido radical con el que no tiene inconveniente en que proponga nombres para la radiotelevisión pública. Estos son algunos detalles que levantan la duda acerca de si estos pactos son por el interés general o los particulares.