Creen probado que mató a sangre fría al director de la caja

Pilar Muñoz
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Los forenses durante su intervención en el juicio contra el acusado de matar al director de una caja de ahorros - Foto: Rueda Villaverde

El jurado dictaminará si el acusado tenía intención de matar al responsable del banco y a la empleada que le gestionó el préstamo y si estaba en su sano juicio

El jurado tiene que dictaminar si Antonio Santillana Campos tenía o no intención de matar al director de la sucursal de Caixabank de La Solana y a la empleada que le gestionó el préstamo hipotecario, y si estaba en su sano juicio o no, es decir si es imputable, responsable penal, o, por contra, inimputable, esto es, que tenía sus facultades intelectivas y volitivas alteradas o anuladas.
La fiscal no alberga duda alguna y considera que en las tres maratonianas sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha quedado acreditado que Antonio Santillana estaba en su sano juicio cuando mató a sangre fría a Alfonso Muñoz, director de Caixabank de La Solana, intentó acabar con la vida de Benita Palacios, la empleada que le gestionó el crédito, y amenazó a otra trabajadora de la entidad. Por estos delitos, la fiscal pide una condena de 32 años de cárcel, 22 por asesinato, ocho por tentativa de homicidio y dos por amenazas.
La fiscal dividió su informe final en tres partes, en la primera narró los hechos cronológicamente, después explicó en qué delitos se concretan y, por último, se detuvo en lo que ha sido el caballo de batalla: el estado psíquico del encausado cuando el 23 de noviembre de 2016 acabó con la vida del director de la sucursal tras descerrajarle dos tiros con una escopeta semiautomática.
Antonio Santillana, casado y padre de dos hijos de 7 y 14 años, vivía en Villanueva de los Infantes y tenía una empresa de maquinaria agrícola. El 21 de noviembre de 2016 firmó un contrato de préstamo hipotecario en la oficina de la citada caja de ahorros, concretamente con Benita Palacios, y después fue con el director de entidad (llevaba poco tiempo al frente de la oficina) a la notaría. Al día siguiente, según el relato de la fiscal, el contable de Antonio Santillana comprobó que el crédito concedido, 43.800 euros, estaba retenido.
El 23 volvió a echar un vistazo y al ver que no podían disponer del dinero llamó a Benita Palacios para ver qué pasaba, siendo finalmente atendido por el director de la sucursal que le dijo que estaban esperando la presentación de unas facturas. Tras la conversación, acabó asegurándole que esa misma mañana iba a desbloquear el dinero, es decir que estaría disponible.
El contable se lo comunicó a Antonio Santillana, que «enfadado» se fue a su casa, cogió su escopeta, cerca de 20 cartuchos, se subió a su vehículo y se dirigió a La Solana, a la sucursal. Al llegar, cargó la escopeta y entró en la oficina dirigiéndose a la mesa de Benita Palacios, que en esos momentos mantenía una conversación telefónica. «Le dijo cuelga el teléfono y vamos al despacho del director». En ese momento, la empleada Rosa Peñalver trató de salir de la oficina para pedir ayuda, pero el procesado, según estima acreditado la fiscal, le enseñó el arma al tiempo que le decía de «aquí no sale nadie».
A continuación, entró en el despacho del director que estaba atendiendo a un cliente, al que dejó salir, y sin darle oportunidad de defensa le disparó primero en un brazo y luego en el cuello, causándole la muerte prácticamente en el acto. Después trató de matar a Benita Palacios, pero no lo consiguió porque pudo defenderse, esconderse debajo de la mesa y luego no dejó de moverse cuando la apuntaba con el arma.
Según la fiscal, Antonio Santillana «tenía un doble objetivo: matar a las dos personas que participaron en el contrato de préstamo hipotecario para ampliar su negocio». También considera que no tenía trastorno mental alguno, es decir que sabía lo que hacía y era consciente de ello.
Se sentía «engañado». El abogado José Antonio Rello Ochayta, que defiende al procesado, discrepó abiertamente y refutó la tesis de la fiscal y de las tres acusaciones personadas. El letrado peleó para demostrar que su representado es inimputable, ya que sostiene que tenía sus capacidades cognitivas y volitivas afectadas por la depresión grave que sufría con una idea delirante de ruina y un pensamiento recurrente de que le habían engañado en el contrato de préstamo.
El abogado mantuvo que «estaba fuera de sí y el asunto del préstamo hipotecario fue un detonante». Entiende que hay un hecho incontrovertido: su cliente mató de dos tiros al director del banco, pero pide la absolución al considerar que tenía alterada su voluntad. Solicita la eximente completa por trastorno mental o incompleta y espera que se le absuelva de la tentativa de homicidio.
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