La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) mantuvo el pasado viernes una reunión en el Ministerio del Interior para transmitir a los responsables de Instituciones Penitenciaria «la insoportable carga asistencial» a la que aseguran que tienen que hacer frente los médicos de prisiones ante la falta de profesionales que, de paso, impide prestar a los presos una asistencia sanitaria en condiciones de igualdad y equidad con el resto de la población española.
El vocal de médicos de prisiones CESM, Pedro Antonio Martínez, insistió en que su objetivo es una sanidad penitenciaria «de calidad que pueda cumplir los estándares de igualdad y equidad del resto del sistema sanitario público» algo que, a día de hoy, les resulta casi imposible. Así, Martínez indicó que en la prisión de Alcázar de San Juan hay apenas un profesional sanitario «y cuando se va de vacaciones, no queda nadie» mientras que en el penal de Herrera de La Mancha «la situación posiblemente sea la menos mala, con tres médicos a jornada completa y uno a media», aunque tampoco se cumple con la relación de puestos de trabajo. Además, advierte, «muchos de estos profesionales tienen una edad avanzada y está próximos a la jubilación, por lo que la situación puede empeorar en los próximos años» si no se completan las plantillas. Según el sindicato médico, en los últimos tres años se ha reducido en un 40% la plantilla de profesionales en las prisiones españolas y el 90% de los médicos tiene ya más de 50 años y el 35% está en condiciones de jubilarse en cualquier momento.
«MEDICINA DE URGENCIAS». «Los presos están privados de libertad, no de una atención sanitaria de calidad», sentencia Martínez que apunta también que, a día de hoy en las prisiones se realiza lo que definió como una «medicina de Urgencias y no de consultas programadas, no porque no quieras hacerla, es que no se puede», señaló este profesional del penal de Ocaña II, en Toledo. Una atención «más cara» que contratar a personal «y encima, de peor calidad».
En la reunión mantenida con Interior la pasada semana se planteó incluso la voluntad sindical de convocar huelga si no se aumentan los profesionales. Según el CESM, los representantes de la Administración les trasladaron que habían valorado una serie de medidas «urgentes otras a corto, medio y largo plazo, estando las urgentes del visto bueno de Hacienda para poder implementarlas y mejorar de forma rápida la situación de la atención en este periodo estival», cuando la atención sanitaria en las prisiones empeora porque a la falta de personal se une también las bajas por los periodos de vacaciones que disfrutan los médicos.