Secretariado Gitano registra diez casos de discriminación

Hilario L. Muñoz
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El resumen de incidencias destaca un incremento de las denuncias derivadas del mayor «empoderamiento» alcanzado por las mujeres gitanas

Secretariado Gitano registra diez casos de discriminación - Foto: Rueda Villaverde

La Fundación Secretariado Gitano ha publicado su informe Discriminación y Comunidad Gitana en el que cada año realiza un análisis cualitativo de los casos de discriminación que han sufrido personas de la etnia gitana en toda España. En total, 334 casos y 408 víctimas reconocidas, pero «esto no quiere decir que sean solo esos casos sino que son de los que hay constancia», en palabras de Sandra Montoya, técnico de la Fundación en Ciudad Real. En la provincia hay diez casos contabilizados, la mayoría en medios de comunicación, por comentarios en páginas web y en redes sociales pero destacan aquellos que han ocurrido en espacios de ocio, en protestas ciudadanas o en declaraciones públicas.
«Ha aumentado el índice de casos en cuanto a acceso a recursos», explicó Montoya, quien apuntó a que se trata de situaciones en la que está implicada la mujer gitana. «Lo que pasa es que el programa Calí conlleva el empoderamiento y la lucha contra la discriminación a través de los jóvenes y las mujeres y está teniendo resultado», expuso por su parte la coordinadora provincial de la FSG, María Santiago. «Antes se sufría la discriminación y se normalizaba y ahora son más hombres y mujeres los que sufren discriminación y tienen la capacidad de denunciarlo y ponerlo encima de la mesa»,dijo. «A más visibilidad, más discriminación», expuso, por su parte, Montoya, quien es una de las jóvenes que ha participado en el programa femenino de la Fundación. Desde su punto de vista cuando una gitana se empodera conoce que tiene «el mismo derecho que todo el mundo» y aprende que puedo denunciar y solventar estas situaciones de discriminación.
Una muestra de esta situación se describe en el informe al explicar la situación vivida por una mujer de etnia gitana que se dirigió a pagar a la caja en un centro comercial y escuchó que la cajera le decía a un compañero suyo: «Ha pasado una gitana, síguela». Ante esta situación, la mujer le dijo que eso era racismo y denunciable y la cajera le empezó a decir que ya le habían robado más veces mientras las personas en la cola expusieron que todos los gitanos robaban y que a ella la habían robado también. «La mujer siguió argumentando y les dijo que perseguir a una mujer por su condición de pertenencia a la etnia gitana era discriminatorio», se relata en el documento. Ante esta situación desde la FSG se personó en el centro comercial y se pidió una cita con el gerente al que se explicó la discriminación a la que están sometidas muchas mujeres gitanas en los centros comerciales, la estigmatización y persecución que sufren solo por ser mujeres y ser gitanas y se presentó una hoja de reclamaciones en Consumo. El resultado de esta intervención fue que «el gerente se comprometió a que no volviera a suceder y también confirmó que la cajera había sido amonestada».
Este ejemplo es una muestra del recopilatorio de casos pero también una muestra de que falta el paso de acudir a la Justicia ante estas situaciones por todas las personas. Esto, a pesar de que en enero está previsto que se celebre el juicio en primera instancia por un caso de discriminación ocurrido en Puertollano hace dos años por unos jóvenes que no pudieron acceder a una discoteca.
En la Fundación argumentaron que «no hay fondos suficientes para litigar todos los casos» aunque tienen intención de hacerlo con casos referentes. Además, existe una reivindicación, de años, para que haya abogados de oficio «en lucha contra la discriminación». También recuerdan que parece que estas situaciones no tengan consecuencias a pesar de que aparecen en el Código Penal.
A estas situaciones se une un clima de discriminación en España y en Europa contra las diferentes etnias. Como ejemplo, en el documento se cita una protesta ocurrida en Daimiel a principio de 2018 en la que un grupo de vecinos pidió la expulsión de una familia gitana, «acusándoles de un incidente violento que se había producido en el pueblo días antes». La FSG envió un escrito al alcalde expresando su preocupación y este explicó lo ocurrido. «Es un caso grave, porque se unen muchas personas con el objetivo de generalizar a la comunidad gitana», dijo Santiago, quien señaló que desde la FSG se está trabajando «en los centros educativos» para dar a conocer la etnia gitana.