El expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sànchez ha reconocido que el 20S convocó a manifestarse ante la sede del Departamento de Economía, porque una decisión judicial debe ser "respetada pero no le exime de ser protestada", aunque cree que el "efecto llamada" lo hicieron los medios.
En repuesta al fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Sànchez ha explicado que la operación de registros contra el referéndum que ordenó el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona generó "una sensación de protesta e indignación", dado que se trataba de unas diligencias secretas y cuestionadas en los últimos meses.
Sànchez ha reconocido que la ANC decidió convocar una protesta ante la sede de la consellería de Economía, que estaba siendo registrada, por entender que ello "forma parte de los elementos de funcionamiento democrático".
"Una resolución judicial debe ser respetada pero no le exime de ser protestada si consideramos que no es ajustada a la ley", ha abundado el diputado de JxCat, que lleva año y medio en prisión y afronta 17 años de cárcel por un delito de rebelión agravada con malversación.
No obstante, exlíder de ANC ha precisado que cuando él llegó a la zona de la movilización ya había concentrados y ha recordado que así lo expuso la propia secretaria judicial, que contó que al presentarse la comitiva judicial en el Departamento ya se encontró "a dos o tres personas protestando y con móviles, haciendo fotos".
Según el diputado, "es imposible saber el momento inicial de la causa-efecto", aunque a su parecer fueron "los medios de comunicación los que hicieron un efecto llamada para la movilización".
El acusado ha iniciado su intervención presentándose como un "preso político y de conciencia" ante lo que considera un "juicio político", por su condición de presidente de la ANC, por lo que ha reprochado a la Fiscalía que "cuestione" movilizaciones pacíficas del independentismo como las manifestaciones de las Diadas.
Ello ha motivado que el fiscal le haya advertido de que las concentraciones del 11 de septiembre suponen un "ejercicio legítimo" del derecho de manifestación, a diferencia de la concentración del 20S, que el ministerio público considera uno de los hechos que configuran el delito de rebelión.
"Estoy convencido de que todos los hechos que me achaca el fiscal y la Abogacía del Estado son absolutamente falsos; no tengo ningún temor a poder responder y a decir la verdad", ha proclamado Jordi Sànchez.