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Fernando Lussón

COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Responsabilidades compartidas

12/11/2021

La votación en el pleno del Congreso de los cuatro juristas designados para proceder a la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional correspondiente al Congreso se ha desarrollado como se preveía, con la ausencia de los grupos parlamentarios independentistas, de Vox y de Ciudadanos por el 'reparto de cromos', con el voto con la nariz tapada de numerosos miembros del Grupo Parlamentario Socialista y de Unidas Podemos y el contrario de varios diputados que han antepuesto su voto en conciencia a la disciplina de voto.  

La candidatura propuesta de Enrique Arnaldo por parte del PP está en el origen de toda la polémica suscitada no solo por la cercanía al PP –los otros candidatos tienen también su padrino partidario- sino por las informaciones relacionadas con su actividad profesional o la aparición de su nombre en distintos sumarios de corrupción del PP aunque no ha sido enjuiciado por ello. Su designación ha originado una controversia que tiene como consecuencia un nuevo episodio de desprestigio de las instituciones constitucionales. En este proceso las responsabilidades de que se dé esta circunstancia están compartidas.  

En primer lugar el responsable es el Partido Popular, que es quien ha propuesto a un candidato cuestionado y porque ha mentido cuando afirmaba que pretendía la despolitización de la justicia y su regeneración con la elección de una persona que no puede tener más contraindicaciones inicialmente, no por su currículum profesional sino por su desempeño profesional. La segunda responsabilidad corresponde a quien ha aceptado sin rechistar esa candidatura, a pesar de los problemas internos que ha provocado en el PSOE y en Unidas Podemos, que dicen haber actuado bajo el principio de aceptar el mal menor para conseguir que las instituciones constitucionales avancen en su renovación, sin aplicar un veto que hubiera obligado al PP a la elección de otro candidato menos significado políticamente, circunstancia que puede afectar a su trabajo en el seno del TC.  

También serán responsables del desafuero quienes han votado a favor de la designación de Enrique Arnaldo, aquellos que critican el sapo que se han tragado pero que han aceptado como un solo hombre la disciplina de voto impuesta por la dirección de su partido. Los dos  diputados socialistas y de UP que han decidido no apoyar la candidatura de Enrique han esgrimido la necesidad de preservar la dignidad de las instituciones tanto del Tribunal Constitucional como del propio Congreso frente a la posición mayoritaria de quienes han entendido este proceso como una respuesta para proteger el interés superior del país.  

La causa última, o quizá la primera, de la polémica suscitada es el sistema de elección de los candidatos mediante el acuerdo entre los dos bloques mayoritarios en el Congreso, que han de sumar más de los tres quintos de los escaños necesarios para los nombramientos. Pero es el sistema constitucional determinado y no hay otro posible.  

El trágala de la candidatura de Enrique Arnaldo, sobre el que la derecha política no observa ningún motivo para su rechazo, solo cobraría sentido para el gobierno de coalición si es el primer paso para la renovación del CGPJ y que se produzca el cambio de mayorías en el TC y en el órgano de gobierno de los jueces.