La propuesta del Partido Socialista de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desalojar a okupas en 48 horas ha agitado el avispero, de uno y otro lado. La ocupación ilegal de viviendas genera alarma social, cada cierto tiempo sale a la palestra y también suele ser utilizada por los grupos políticos. Los datos están ahí. El Poder Judicial acaba de dar a conocer las últimas cifras de ocupación ilegal de viviendas. En Ciudad Real se ha cuadriplicado en un año el número de desahucios en general, no sólo los relativos a okupas que en este caso se han reducido un tercio en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2021.

El último informe estadístico del Poder Judicial prácticamente ha coincidido en el tiempo con el anunció del Partido Socialista relativo a modificar la ley para desalojar a los okupas en 48 horas.

En Ciudad Real no se dan muchos casos. El procedimiento más común de desahucio es por falta de pago, dejar de abonar el alquiler, indican a este diario fuentes jurídicas. A estos procedimientos le siguen otros por expiración del contrato. Los denominados lanzamientos (desahucios) engloban muchos tipos: personas que dejan de pagar la hipoteca, inquilinos que no abonan el alquiler, gente conocida a la que ceden una vivienda durante un par de meses y se quedan muchos más sin intención de marchar ... También, según indican las fuentes, están los denominados 'precarios', falta de pago de la renta, personas en riesgo de exclusión social, con hijos menores o que presenten una especial vulnerabilidad. En estos casos se piden informes a los servicios sociales y se puede llegar a suspender la orden de desalojo. Los servicios sociales «evalúan la situación, si los ocupantes tienen hijos o son menores o en riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad», reitera una letrada de la Administración de Justicia, quien recalca que hay que acreditar la situación en la que se encuentran. La documentación e informes de los servicios sociales se remiten al juzgado para que adopte las medidas oportunas y suspendan el desahucio si las personas que ocupan el inmueble son vulnerable.

El procedimiento no es rápido ni sencillo, encierra complejidad. Una vez interpuesta la demanda empieza la tramitación en el juzgado para la celebración de un juicio verbal.

Los números.

Las cifras se han disparado ostensiblemente en el segmento que contiene todos los desahucios con un 123% más de 2019 a 2021. El año de la pandemia con todo el mundo confinado en sus casas sólo hubo 38 desalojos efectivos. La cifra más baja de los últimos trece años. El número de asuntos registrados en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real por okupas también cayó en 2020 con 18 procedimientos registrados. Se resolvieron otros tantos y quedaron pendientes de tramitación 23.

De las 18 demandas que recibieron en estos juzgados se pasó a 41 en el último año, 34 se resolvieron y 27 están en trámite de dictamen.

En el primer semestre de este año se han registrado cinco asuntos por okupas, frente a los 15 del mismo periodo de 2021. Los jueces han resuelto entre enero y junio de este año ocho pleitos de esta naturaleza que se enmarcan dentro del capítulo de verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, es decir, por okupas. Los casos pendientes de resolver a 30 de junio eran 46. En el mismo periodo de 2021 fueron 15 los pleitos registrados en los juzgados de Ciudad Real contra okupas, nueve se resolvieron y 45 quedaron pendientes para el último semestre del año.

Estos datos contrastan con el montante global de todos los litigios de desahucios derivados de procesos hipotecarios, Ley de Arrendamientos Urbanos, ya que han subido un 305% al pasar de 38 a 154 en un año. En 2018 fueron 103, frente a los 116 del año anterior. La cifra más alta de los últimos trece años se encuentra en 2016 y 2017 con 137 desalojos de viviendas ocupadas de forma ilegal.