Un albañil, un técnico de riesgos laborales, una licenciada en Pedagogía, una ama de casa, un jubilado... Estas son algunas de las ocupaciones de las personas que forman el jurado popular que hoy va a enjuiciar en la Audiencia de Ciudad Real si hubo omisión del deber del socorro tras el accidente que sufrió un trabajador en una finca de Puebla de Don Rodrigo, falleciendo posteriormente. Los hechos ocurrieron en noviembre de 2014, pero «sorprendentemente» no hubo imputación hasta 2018 que se formuló acusación por omisión del deber de socorro, indicó a este diario Gema Cabanes, una de las defensas de los cinco encausados: el gerente de la empresa para la que prestaba servicio el albañil fallecido y cuatro trabajadores.

Al mediodía del pasado viernes el magistrado presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, Ignacio Escribano Cobo, tomó juramento a las nueve personas y dos suplentes seleccionados de entre una treintena para el juicio por presunta omisión del socorro que sólo imputa el letrado Francisco Muñoz, que ejerce la acusación particular en representación de la familia de Máximo G.D., peón albañil de 30 años fallecido el 14 de noviembre de 2014 en una finca de Puebla de Don Rodrigo. Sobre las ocho y media de la mañana cayó al suelo mientras realizaba trabajos de albañilería «sin estar dado de alta en la Seguridad Social y bajo la dependencia profesional del gerente de la empresa para la que prestaba servicios». A consecuencia de la caída se produjo una herida en la cabeza y doble fisura craneal, según el relato de hechos de la Fiscalía, que no formula acusación al considerar que no hay infracción penal.

El gerente de la empresa para la que trabajaba el albañil y otros cuatro hombres que estaban en la finca le trasladaron en una furgoneta hasta Piedrabuena, donde le atendió el médico del centro de salud que solo pudo dictaminar su fallecimiento.

La acusación particular considera que hubo omisión del deber de socorro porque lo llevaron a Piedrabuena, a 49 kilómetros, en lugar de llamar al 112. El gerente, de iniciales G.S. M., "se preocupó más de las consecuencias del accidente para la empresa al no tenerlo dado de alta que de su salud". Por ello, el letrado pide una pena de multa para el gerente de 36.000 euros y 18.250 para los otros cuatro acusados. La abogada Gema Cabanes solicita la absolución para sus defendidos, al igual que Gregorio Rodríguez y Fernando Amián que defienden al resto de acusados.