La crisis está siendo «la gota que colma el vaso» en la sensación de «abandono» que sienten los trabajadores de los centros de menores, según se desprende de los testimonios de varias educadoras, puestos en boca de la delegada de Personal de CCOO en dos centros, Rosa Escamilla. Jornadas muy largas, falta de personal, más carga de trabajo, situaciones que se salvan por la implicación personal... es el escenario que dibuja Antonio Romero, responsable de CCOO de Servicios Socioeducativos de Castilla-La Mancha. «Abandonados por la Administración, necesitamos consignas claras y unas entidades comprometidas», apunta.
Aunque invisibles, en Ciudad Real hay una quincena de centros, entre los de reforma y protección, con unos 200 usuarios y entre 180 y 200 profesionales. En Castilla-La Mancha, estas cifras se elevan a unos 800 trabajadores para 60 centros. La Administración regional firma convenios privados con las ONG, pero las condiciones no siempre son claras: «Tienes la exigencia de lo público pero ni por asomo la dotación de recursos humanos o las condiciones laborales», resume Escamilla.
Desde la Concejalía de Bienestar Social aseguran que «se ha remitido información puntualmente a todos los hogares acerca de las recomendaciones», concretamente con la Resolución 14/03/2020, de Sanidad, sobre medidas y recomendaciones en los Servicios Sociales. Las medidas que establece son insuficientes.
Huelga decir que no hay equipos de protección individual, EPI, para todos. «Hasta el mes no nos facilitaron desde la Administración 500 ml de gel higienizante, las mascarillas no homologadas son donadas por un ayuntamiento... hasta finales de abril no conseguimos las quirúrgicas», relata Escamilla. «En abril se suponía que había una mascarilla por educador y turno y cuatro para cada niño para todo el mes», explica, «se limpia todo lo que se toca al finalizar el turno pero es que es una casa...», se resigna. La Administración ha contado con la UME y Geacam para desinfección en casos de positivos.
Los hogares son casas de ocho plazas ocupadas por 10 menores, configuradas según los perfiles del momento. Sus características les llevan a vivir situaciones límite: «Son niños con traumas por maltrato físico, emocional, abusos sexuales, abandono emocional, negligencias en sus cuidados, etc., no son niños plenamente normalizados», resume una de las trabajadoras entrevistadas, que remite a problemas de vinculación, tolerancia de malas conductas, trastornos psicológicos o psiquiátricos, conductas disruptivas... y algunos, además, con discapacidad. «Esto no es capaz de trabajarlo un educador o dos», añade. Están privados de sus familias, no entienden el idioma, otros dependen del aire libre para su bienestar... «Algunos no tienen familia, somos nosotros, y te ves que no puedes abrazarlos cuando más cariño necesitan», relata amargamente otra. Asimismo, con esta situación es más difícil «romper patrones para que puedan llegar a la vida adulta con las heridas superadas», asegura.
PERSONAL DE REFERENCIA. Como en cualquier otro sector, ha habido bajas. Bienestar Social indica que «muchas han sido por precaución o por estar encuadrados en grupo de riesgo», y se ha solventado «reorganizando turnos del personal» y contratando «sin dificultad a nuevos trabajadores». «Cuando ha sido preciso, se han reforzado las plantillas», afirman. Sin embargo, las peculiaridades de los hogares dibujan otra realidad: «Eso supone asumir personal nuevo y no de manera escalonada», critica. Los menores no aceptan fácilmente el trato con personas desconocidas, por lo que el esfuerzo es superior.
Para atenderlos, se han «revisado y adaptado los turnos», indican desde la Consejería, con el fin de «disminuir las entradas, salidas y desplazamientos de los y las profesionales y minimizar así los riesgos». En la práctica, turnos de 15 a 24 horas, con una sola persona a cargo de diez menores. La tensión que soportan es brutal. Hay cinco educadoras y una coordinadora para cada hogar, en turnos de mañana, tarde y noche, fines de semana incluidos. Esto se traduce en «ansiedad y estrés, por la sobrecarga de trabajo de muchos años trabajando con presión», declara otra educadora, sin olvidar los propios problemas de conciliación.
La infraestructura de los hogares de protección tampoco permite aislar a un menor que presentara síntomas, no cuentan con el espacio de uno de reforma. «Si uno se fuga, al retornar tiene que estar en cuarentena, con lo que eso supone de reorganización...», comenta Escamilla.
Bienestar Social indica que «se ha establecido un programa de apoyo a los hogares, para reforzar mediante actividades y atención por medios electrónicos». La falta de recursos materiales, no obstante, es evidente, denuncian las trabajadoras: «Hasta el mes de confinamiento no se nos ha preguntado si hacía falta algún dispositivo», se queja Escamilla. Tampoco el personal: «Claro que se pueden reforzar por la mañana para las tareas: a costa de que por las tardes solo haya un educador a cargo de todos», explica otra afectada. «Hay muchas intervenciones de recursos externos que no están adaptados y se han tenido que ir buscando soluciones», describe una de las delegadas.
La paralización de la Administración tampoco ayuda: algunos han cumplido la mayoría de edad «y están estancados» y otros la cumplen en breve «y no saben qué va a pasar con ellos».
La situación se salva por la calidad humana. «Dentro de 50 años, cuando se hable de la pandemia estaremos en su memoria: solo por eso voy todos los días con ganas de que pase el día lo mejor posible». «Sigo trabajando porque no permitiré que estos niños sufran más y seguiremos reinventando nuestra profesión, como siempre», concluye otra. Saben que su labor es importante: «No ha sido su primer confinamiento, ya habían tenido durante años con todo tipo de maltrato, pero sí ha sido el primero que lo han vivido con seguridad y protección».