La Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso, entra en vigor hoy. La norma establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el «ámbito de las patologías que padece el paciente» pero que no sea de su «mismo equipo del médico». Asimismo, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.

Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia».

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron un protocolo médico para evaluar la situación de incapacidad de los pacientes que pidan la eutanasia y trabajan en un Manual de buenas prácticas, en el que se recomendarán fármacos para que la ayuda a morir se preste de forma homogénea en todo el país.

El presidente de Derecho a Morir Dignamente, Javier Velasco, apuntó que la norma no va a provocar una avalancha de demandas y estimó que el número de eutanasias que se realicen en España no superará las 4.200 anuales. Un cálculo aproximado que se basa en las cifras de países como Bélgica y Holanda, donde esta prestación es legal desde hace tiempo y, según el cual, en los primeros años de aplicación de la ley, el número rondó el 1 por ciento de las defunciones.

«Creemos que de inmediato no va a haber muchas solicitudes. Prevemos que el primer año, incluyendo lo que queda de 2021 y el 2022 las solicitudes ronden como máximo unas 4.200 al año», especificó.