La concesión de los indultos por parte del Gobierno a los políticos presos por el desafío independentista catalán ha revuelto más aún las aguas de la política. Ni los propios afectados y sus partidos ni la oposición están de acuerdo con la medida de gracia. Y así lo escenificó ayer en Europa el presidente del PP, Pablo Casado, donde avisó de que dar «carta blanca» el independentismo puede convertirse en un «problema» para la Unión Europea.

«El problema en España respecto al independentismo es también un problema europeo. Si se da carta blanca al independentismo en España será un problema para Italia, para Rumanía o para Francia porque la Europa de las regiones es la Europa de los estados unidos y la integridad territorial es la base de toda la legislación internacional, no solo en Europa sino también en Naciones Unidas», alertó.

El presidente popular, que asistió a la reunión del PP Europeo en Bruselas, recalcó que la UE está «con la España unida y constitucional» y avisó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que le va a costar explicar que «los chicos de la gasolina y de la cárcel de Lledoners son estupendos demócratas».

Un día después de la salida de la cárcel de los dirigentes independentistas indultado, aseveró: «Vengo a defender la independencia del Tribunal Supremo en sus resoluciones. Vengo a defender el Estado de Derecho y la Constitución al margen de decisiones políticas para autoindultar a un Gobierno que necesita los votos de los nacionalistas independentistas que prometió nunca tener en cuenta para acuerdos de gobernabilidad», manifestó. El jefe de la oposición calificó de «humillación a todos los españoles» lo sucedido el miércoles porque los indultados aseguraron que «lo volverán a hacer», que España «ha sido derrotada» y que, pese a estar inhabilitados, «liderarán el secesionismo fuera de la cárcel».

Batalla judicial de Cs y Vox

Por su parte, Ciudadanos y Vox ya se están preparado para la batalla judicial. Los naranjas fueron los encargados de dar ayer el primer paso en esta nueva afrenta, al presentar Inés Arrimadas un recurso ante el Tribunal Supremo a título personal, junto al actual portavoz naranja en Cataluña, y José María Espejo, diputados del Parlament en 2017 y, por tanto, «perjudicados directos», como han argumentado en el recurso, que fue admitido a trámite. 

Arrimadas defendió que sus derechos y los de sus votantes «fueron pisoteados», insistiendo en cargar contra Pedro Sánchez por «sacar a la gente de la cárcel por sus ideas» y por conveniencia propia.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también se presentó ante el Supremo, pero sin explicar el contenido del recurso, aunque por lo que apuntaron en días anteriores, basan su legitimidad para presentarlo en haber sido acusación popular en la causa del procés, aparte de que se van a querellar contra todos los ministros. Abascal acusó a Sánchez de haber cometido «un acto de corrupción» y de haber dado «una puñalada por la espalda» al Rey.

Y mientras el ambiente político se caldea y  los nueve condenados por el procés mantienen sus reclamaciones de amnistía e independencia, Sánchez se limitó a pedir «concordia». María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo, fue más allá al reclamarles que reconduzcan su discurso en favor del diálogo y la convivencia. Fuentes del Ejecutivo temen que la campaña que puedan hacer los independentistas pueda ser «una losa» para el Gabinete como también temen que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les pueda dar un tirón de orejas.