Las condenas por sedición que impuso por unanimidad el Tribunal Supremo a los acusados en el juicio del 'procés' supusieron la mejor demostración de la capacidad del Estado y de sus garantías constitucionales para defenderse frente a la agresión secesionista. Que, tres años después, el Gobierno esté dispuesto a enmendar a la Justicia y dejar al alto tribunal a los pies de los caballos resulta tan inconcebible como pernicioso. Por mucho que se pretenda enmascarar, el desorden público agravado engullirá al delito de sedición para que salgan beneficiados los dirigentes independentistas condenados e indultados. Esta reforma por la vía de urgencia, mediante una proposición de ley para esquivar los presumibles tirones de orejas del CGPJ y del Consejo de Estado, supone retorcer a capricho el Código Penal únicamente para satisfacer la necesidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de contentar a sus socios, atar su apoyo parlamentario y poder concluir así la legislatura. La rebaja de la pena a los sediciosos hasta diluirla solo puede atender al cumplimiento de un acuerdo de la opaca negociación con ERC, con aquellos que, precisamente, protagonizaron el embate secesionista y que ni aparcan, ni esconden sus pretensiones. 

Esgrime el Gobierno que se trata de una homologación con la mayoría de la UE, pero los datos le desmienten. En Francia, sin ir más lejos, reservan la cadena perpetua para aquellos que pongan en peligro todos los intereses generales del Estado, entre ellos, la integridad territorial. También se dice que hay que modernizar este delito por obsoleto y antiguo, y a la vez se obvia que la ley del indulto es de 1870. Ninguno de esos argumentos maquilla la perversión que esconde una reforma penal que se preocupa más por los beneficios para aquellos que ya han delinquido que en la capacidad coercitiva en los futuros potenciales delincuentes. Modificar tipos del Código Penal para beneficio de unos pocos, saltándose los preceptos de la oportunidad, necesidad y consenso, puede conducir peligrosamente a leyes partidistas de quita y pon, a cambios legislativos donde primen deseos y conveniencias, en lugar de aplicar la seriedad requerida para que las leyes respondan a los más altos intereses. 

Supondrá esta nueva cesión un colchón político para que Sánchez pueda concluir la legislatura, pero se presume también una cama de pinchos para los barones socialistas a seis meses de las elecciones autonómicas y municipales. Desde el pasado jueves se ha comprobado que se han reabierto muchas grietas en el PSOE. Mucho deberá emplearse en sus habituales malabarismos sobre el alambre para convencer a propios y extraños de que esto es política de 'desinflamación' para reforzar la convivencia en Cataluña y no la demostración de que dobla la rodilla ante el separatismo con una amnistía encubierta que desprotege la defensa de la integridad territorial de España.