Montaron un entramado de sociedades para camuflar el business de elaboración y distribución de cigarros y/o cigarrillos a partir de tabaco picado con fines de ‘exportación’.

 De ahí que la Guardia Civil no se limitara a interrumpir y frustrar la entrega del género y detener a unos pocos en relación a los hechos ya que su objetivo, tras la detención de 16 hombres a raíz del incendio declarado en una nave de Manzanares convertida en ‘tabacalera’, era desenmarañar el entramado delictivo de una organización internacional con tentáculos en varias provincias españolas, entre ellas Ciudad Real.

 Así se desprende de la investigación y de las actuaciones que ha podido conocer La Tribuna una vez que la juez instructora Ana Rubio ha levantado el secreto de las mismas.

El pasado 1 de abril caían 27 hombres, la mayoría de origen ucraniano y búlgaro, en una operación dirigida por la Guardia Civil de Ciudad Real. Las detenciones se efectuaron en Sevilla y en la localidad cordobesa de Santaella y están estrechamente ligadas a las realizadas en la provincia de Ciudad Real a principios del pasado otoño.

Aunque los últimos detenidos y encarcelados son casi una treintena, el total de investigados se acerca al medio centenar. Entre ellos figuran varios españoles, dos hermanos de Córdoba y un tercero que se encargaba de localizar las naves idóneas para el ‘negocio’, en zonas apartadas para no levantar sospechas puesto que en casi todas la faena se prolongaba 24 horas.

Carlos Piñal se ocupaba presuntamente de localizar las naves y, según los investigadores, también era el hombre de ‘paja’ de la organización para el blanqueo del dinero procedente de la fabricación de tabaco. Las naves estaban alquiladas por la sociedad Sotovila Patrimonial SL con razón social en la calle Tomás Ibarra, de Sevilla, siendo su representante Carlos Piñal, quien ha declarado que había subarrendado las naves a Anita Borisova, de origen búlgaro, que supuestamente actuaba como administradora de una sociedad cuyo domicilio consta en  un lugar de Bulgaria. Pero todo indica  que se trata de un posterior subarriendo a una desconocida afincada en ese país con el fin de no poder ser localizada.

El contrato se firmó el 1 de marzo de 2018 por importe de 6.000 euros mensuales. El único trabajador que figura en la citada sociedad es Petru Pastela, moldavo de 42 años,  afincado en Vinarós (Castellón) y visto en Manzanares.

Según los investigadores, Viñal y Pastela trabajarían por cuenta de la organización, encargándose el primero de la localización de las naves y el blanqueo de capitales a través de un conglomerado de sociedades de la era que partícipe.  Pastela se encargaba de trasladar a los ‘operarios’ a las naves y vigilar de que nadie se fuera de la lengua.

La organización captaba a personas dispuestas a trasladarse a España procedentes de Ucrania y Bulgaria, a quienes ofrecían unos 800  o 1.000 euros por mes trabajado. Estas personas, entre 15 y 20, permanecían trabajando en el interior de las naves durante un mes aproximadamente con el fin de no levantar sospechas ya que ninguno de ellos poseía visado para trabajar.

 Un tal Stefan les recogía en el aeropuerto, les llevaba a la nave de Manzanares, gemela a otras como la de Santaella (Córdoba) y les daba la comida. A la vista de las numerosas entradas y salidas que figuran en los pasaportes de algunos de los detenidos, no era la primera vez que realizaban este tipo de faena.

La Guardia Civil concluye que la actividad ejercida en el interior de la nave incendiada en Manzanares era la de fabricación, elaboración y distribución de cigarros y/o cigarrillos a partir de tabaco picado. Se trata de una actividad ilegal toda vez que se desconoce la procedencia de la picadura con la que se elaboran los cigarrillos, así como otros de los fines de esta actividad: la copia y falsificación de diversas marcas de cigarrillos. «En el interior de la nave anexa se hallaron cantidades ingentes de material con dicho fin».

Esta actividad era desarrollada por una organización criminal que    a la vista de las pesquisas parece que se había afincado en España y utilizaba las naves del polígono industrial de Manzanares y de Santaella (Córdoba) para sus fines.

El testigo. La juez Ana Rubio de Manzanares tomó declaración hace unos días a un vecino de Manzanares con el que contactó a través del teléfono un tal Alfonso (nombre falso de uno de los miembros de la red) para que hiciera un sondeo para conseguir extraer agua. El hombre hizo la perforación y declaró no haber visto ni oído a nadie dentro de la nave, a la que no accedió. Sólo le dijeron que no hiciera mucho ruido y al finalizar el trabajo le dieron 5.000 euros a tocateja.