Pilar Llop, ministra de Justicia, una mujer discreta hasta la exageración, magistrada experta en violencia de género, va a pagar la "osadía" de haber criticado desde la óptica jurídica los errores gravísimos de la ley impulsada por Igualdad.

Sus declaraciones a la Cadena SER, en las que relataba que "ha habido delitos muy graves y tenemos que poner solución para las víctimas", mientras insistía en que no puede salir más barato agredir sexualmente y con violencia a una mujer que robar con intimidación, le costaron una llamada de Moncloa.

En plena guerra fratricida dentro del Gobierno, y sin lograr un acuerdo de los socios sobre cómo arreglar el entuerto, el ubicuo Bolaños quiere reducir el coste electoral a base de silencio y corriendo una cortina de humo.

Como la otra jurista, implicada en el fallo estrepitoso de la ley del "sí es sí", la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la también magistrada Victoria Rosell, no recibe órdenes del lado socialista, comparece cuando quiera ante los medios para insistir en que el fallo no es del texto, que lleva su inspiración y su sello, si no de los jueces que aplican la reducción de condenas con un sesgo machista.

Y la ministra no le puede contestar.

La tensión es tal (por mucho que la portavoz del Gobierno y el propio Bolaños se empeñen en dar por concluido este asunto, a la vez que hablan de nuevas apuestas de política social como la modificación de la ley del alquiler) que Irene Montero reconoce que no haber vuelto a hablar con su "colega" del Consejo de Ministros, Pilar Llop, desde la crítica a "su" ley.

Pero el tema sigue enquistado entre los socios. Podemos, que ha tenido que "tragar" con la exclusión de los perros de caza de la nueva Ley de Bienestar Animal, no está dispuesto a asumir en solitario el fiasco de que el PSOE les enmiende uno de sus proyectos estrella, negándose a reconocer que, más que estrella resultó estrellado.

Llop, adelantándose a las críticas que va a suscitar el hecho de que la reforma socialista no va a conseguir que todos los agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas (trescientos cincuenta y cuatro hasta hace ocho días) vuelvan a las penas iniciales, asegura que su pretensión es frenar esta sangría.

Podemos se ha atrincherado en la defensa del "consentimiento". Pero nadie es capaz de explicar con claridad por qué la revisión de las penas al alza, otra vez, colisiona con la libertad de la mujer para decir sí o no a una relación sexual.

Lo cierto y verdad es que la ministra de Justicia tiene todos los boletos para perder esta contienda porque, metidos ya en precampaña electoral y sin querer romper con los socios todavía, el presidente del Gobierno quiere pasar página y alguien tiene que pagar los platos rotos de este fiasco de una buena ley, mal hecha.