El mapa tiene pintado en amarillo las regiones con una tasa de pobreza y exclusión social más pareja a la media de Europa y en rojo a las que tienen porcentajes muy elevados. Una raya lo divide prácticamente por la mitad, pues de Madrid hacia abajo están las regiones pintadas de rojo y de Madrid hacia arriba las de amarillo. Castilla-La Mancha no se escapa de esta división entre norte y sur que también hay dentro de España. No se escapa porque uno de cada tres castellano-manchegos está en riesgo de pobreza o exclusión social según la tasa AROPE, que no solo mira la renta, sino que también suma a quien no puede afrontar determinados gastos o quien no puede trabajar más de una quinta parte de una jornada completa para todo el año.
Juan Carlos Llano Ortiz, el director del informe de la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN) con datos de 2018, habla del «incremento de la desigualdad territorial». Reconoce que esta división entre regiones del norte y del sur se repite año tras año. «Este gráfico se mantiene así, siempre ha sido igual o muy parecido», comenta, «no cambia que el Sur está mucho peor que el norte».
La tasa AROPE en Castilla-La Mancha está en 33,5%, siete puntos por encima de la media nacional, que se queda en el 26,1%. Es decir, que hay 678.410 castellano-manchegos en esta situación. Solo presentan datos peores que la región las comunidades de Canarias, con 36,5%, Andalucía con 38,2% y Extremadura, con 44,6%.
Además el último informe refleja una desaceleración en la reducción de la pobreza en Castilla-La Mancha. En 2018 también se contrajo, pero solo en cuatro décimas, que se traduce en 12.000 personas menos. «No es mucha reducción, pero por lo menos se reduce algo», comentó.
Yendo indicador por indicador, la tasa sube mirando solo el de la pobreza, el que se fija en la renta, que ha pasado de afectar al 28,1% al 29,9%. Llano explicó que en parte se debe a que el cálculo del umbral de pobreza para 2018 subió en 400 euros. «Gente con los mismos ingresos, está ahora en pobreza», comentó, «eso influye en las regiones más desfavorecidas, en las que el empleo no cambia y no se adapta a los tiempos modernos».
También ha subido la tasa de personas en privación material severa del 4,4% al 7,2%. Los indicadores aquí van desde quienes no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos (39,9%) o irse una semana de vacaciones aunque sea al pueblo (38,2%), no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada (14,7%) o se retrasan en los pagos de gastos de la vivienda (9,1%).
Sin embargo hay una tasa que sí se reduce, la de baja intensidad de trabajo, en la que se encuadran aquellos que solo pueden trabajar un 20% de lo máximo que sería posible (un año a jornada completa). En este caso se «baja un poquito, pero menos que la media nacional».
Llano expuso que a nivel nacional el 80% de las personas que están en riesgo de pobreza o exclusión son españoles, que se encuentran en esta situación incluso si tienen trabajo (32,6%) o estudios superiores (13,4%).